Horacio Pietragalla, diputado del Frente para la Victoria, explica las razones por las que quiso impulsar el proyecto para limitar por ley la facultad del Poder Ejecutivo de indultar, amnistiar o conmutar penas a los involucrados en crímenes de lesa humanidad. Después de todo lo logrado en los juicios por los crímenes dictatoriales, advierte, “puede pasar que venga un próximo presidente e indulte”. El número cada vez mayor de cómplices civiles, a su entender, aumenta ese riesgo.

–¿Por qué hace falta una ley? ¿No alcanza con los fallos de inconstitucionalidad de la Corte Suprema?

–Es para garantizar que no se pueda volver atrás con los juicios que han avanzado. Los fallos son para el caso al que aluden y no son de aplicación general; aunque estén fundados en tratados internacionales en materia de derechos humanos que son obligatorios para nosotros, es necesario que sus principios estén reflejados en una ley programática de acuerdo con los estándares que fijó la Corte. La Constitución establece la facultad de indultar del Poder Ejecutivo, y también prevé limitaciones, aunque hasta ahora no ha sido contemplada legislativamente la que atañe a los delitos de lesa humanidad. El objetivo es que no se pueda indultar a ninguno de los genocidas que fueron o están siendo juzgados y de ese modo no obstaculizar la persecución, investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos, como dicen los pactos que la Argentina suscribe.

–¿El proyecto está fundado en algún temor específico de que pueda haber indultos?

–Si no hay una ley, puede pasar que venga un próximo presidente e indulte. El temor de que alguien pueda intentar hacerlo, está. Y no son sólo los militares que nos preocupan sino que cada vez se descubren más cómplices civiles, complicidad económica, eclesiástica, judicial. Cada vez más causas judiciales los involucran. Son grupos que pueden llegar a ejercer fuerte influencia. Los grupos económicos que se favorecieron con la dictadura, por ejemplo, podrían salir a bancar a algún candidato y que haya devolución de favores. En materia de derechos humanos ha habido un gran esfuerzo judicial, salvando excepciones de jueces reacios a tramitar estos casos por tener intereses en juego. Es inimaginable tener que empezar de nuevo si hay indultos o amnistías, y tener que llegar hasta la Corte. Queremos evitar judicializar conflictos en torno a este tema.

–Entre los civiles involucrados en causas de lesa humanidad que usted imagina que podrían propiciar devolución de favores, ¿en quiénes está pensando?

–Se me vienen a la cabeza muchos nombres: la investigación contra Carlos Blaquier sobre los desaparecidos del Ingenio Ledesma; las complicidades de Loma Negra, aunque la principal empresaria (Amalia Lacroze de Fortabat) murió; Vicente Massot del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca; los socios de Papel Prensa. Ahora, quienes sean sospechosos en un juicio abierto, no podrán tener ningún beneficio. Además, como decimos en el proyecto, también en función de los pactos, las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura se deben poder perseguir todo el tiempo necesario y con retroactividad.