Dom 31.08.2014

EL PAíS • SUBNOTA

Malentendido del entredicho

› Por Horacio Verbitsky

El jefe de policía de Córdoba, comisario Julio César Suárez, ingresó a la sede de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional (SRT) exigiendo a los gritos por los pasillos la presencia del periodista Abel Dante Leguizamón. Su irrupción fue filmada, pero el video se borró, según las autoridades universitarias “por accidente”. Leguizamón es el periodista que en diciembre describió la organización y coordinación de los saqueos por la propia policía, en el oeste de la ciudad y en la zona cercana al acuartelamiento y la luz verde para la represión que luego les dio el gobernador. Como Leguizamón ya se había retirado el jefe de policía obligó a otro periodista a que lo llamara, ya cerca de la medianoche, y le exigió que regresara para reunirse con él. Cuando Leguizamón le dijo que estaba llegando a su casa en el interior de la provincia luego de una larga jornada de trabajo, Suárez lo amenazó: o regresaba o se encargaría de él. Además, acusó al periodista en la cuenta oficial de la institución en Twitter de mentir y confundir a la población y exigió que borrara los twits sobre un brutal operativo policial en el barrio Los Cortaderos.

El gobernador José De la Sota dijo que había sido un “malentendido” y confirmó al jefe policial, quien ante el reclamo de las autoridades universitarias pidió disculpas por lo que llamó “entredicho” y declaró su respeto por la libertad de expresión. Suárez redujo este gravísimo ataque a la libertad de expresión al “error de escribir en Twitter, porque se malinterpreta”. Al mismo tiempo, comenzó el juicio al jefe de Drogas Peligrosas por el Narcoescándalo desatado por las revelaciones de un buchón policial. Debió pasar a retiro a veinte cuadros que envió a formarse en Estados Unidos, cuando el fiscal federal Enrique Senestrari desmanteló la red criminal que vinculaba a muchos de ellos con la comercialización de sustancias estupefacientes de uso prohibido. Esta ruptura de los pactos preexistentes fue el origen del acuartelamiento y los saqueos de diciembre. En ese contexto, el irascible Suárez llegó a la jefatura policial.

El episodio comenzó cuando Leguizamón escribió dos twits: “Vecinos denuncian Brutal operativo de @PoliciaCbaOf ctiroteos a inocentes en Barrio Los Cortaderos. El barrio de Guere”; “En Barrio Los Cortaderos hay decenas de testigos que conocen cómo murió Guere. El jefe Suárez de @PoliciaCbaOf ¿quiere silenciarlos?” (Alberto “Güere” Pellico es un adolescente asesinado de un disparo en la nuca desde un móvil policial sin luces. Con él fueron diecinueve los jóvenes muertos en veinte meses y siete en lo que va de este año.) Cuando los chicos del barrio le mostraron las heridas causadas por las balas antitumulto, Leguizamón posteó un tercer mensaje: “Apenas llegó el móvil de @cba24ntv y canal 10 a Los Cortaderos @PoliciaCbaOf se fue del barrio. Así trabaja el jefe de Policía”. Suárez lo llamó y lo acusó de “demasiado garantista por proteger a los delincuentes”. Leguizamón lo invitó a exponer ese punto de vista en su programa pero el comisario le dijo que era un irrespetuoso. Leguizamón es el primer periodista que denuncia la intimidación policial, pero no el primero que la padece. “Me tienen cansado. Los voy a empezar a investigar a todos y van a ver”, le dijo Suárez a un redactor del diario La Voz del Interior, quien no lo hizo público por miedo a represalias. El fiscal Alfredo Villegas pidió instrucciones al fiscal general, que es un funcionario político designado por De la Sota. Tanto el gobierno provincial como la Universidad y sus SRT intentaron dar por concluido el episodio con el pedido de disculpas y el rector Francisco Tamarit propuso reunir frente a dos cafés a Suárez y Leguizamón, al estilo de las cervezas que Barack Obama compartió con un profesor negro y un policía racista en Estados Unidos. Leguizamón dijo que aceptaba las disculpas pero no levantaría la denuncia porque “debo proteger la única institución que me protege que es el derecho a la Libertad de Expresión”. El gobierno provincial tiene un elemento fuerte de presión sobre la Universidad y sus medios en la pauta publicitaria, sus crónicos atrasos y sus súbitos pagos cuando resulta conveniente.

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