El 82,5 por ciento de los reincidentes estuvo previamente detenido en algún instituto de internación de adolescentes o en una cárcel. En la pregunta específica sobre institutos para adolescentes, uno de cada tres encuestados dijo haber estado preso en una de esas instituciones.

El dato no es menor: habla no sólo de la escasa capacidad de reinserción del sistema penal sino que, además, lo sitúa como un multiplicador delictivo. “A partir de estos resultados –recomienda el informe del Celiv–, debería estudiarse la efectividad de estos dispositivos como lugares de reinserción o corrección.”

Algún indicio por el que se podría avanzar para reflexionar sobre las causas de la recaída en el delito puede buscarse en la red de apoyo que se abre o no al detenido en el momento de cumplir su condena. Algunos datos verificados en el informe: del grupo de reincidentes, al quedar en libertad alrededor de la mitad (47,4 por ciento) admitió haber recibido apoyo de una ONG, mientras que menos de la cuarta parte (23,7 por ciento) recibió alguna ayuda del Patronato de Liberados. El 13,2 recibió apoyo de alguna oficina de gobierno para ayuda laboral.

Si se agregan respuestas relativas a la vida en prisión, el cuadro resultante invita a reflexionar. Insumos básicos: el 85 por ciento dijo que los alimentos se los proporciona la familia; el 87 por ciento, el calzado; y el 35, los medicamentos. El 14 por ciento afirmó no tener agua suficiente para beber. El 70 por ciento consideró insuficientes los alimentos provistos por el servicio, y la mitad, que eran de muy mala calidad. El 33 por ciento no recibe atención médica. Y de los que la reciben, el 34 dice que es regular. El 57 por ciento trabaja y estudia. El 35 por ciento dice que le robaron pertenencias. El 21, que lo han golpeado en último medio año, y el 2 por ciento que fue violado. El 71 por ciento en el SPB no se siente seguro en su celda, cifra que aumenta al 76 en el SPF.