“Encontramos brutales maniobras para burlarse de la ley. Hay toda una ingeniería tramposa para burlarse de la ley y la ley hay que cumplirla, no hay que simular”, sostuvo el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, luego de que ese organismo impugnara la propuesta del Grupo Clarín para dividirse en seis unidades y desprenderse de licencias, de forma tal de adecuarse a lo establecido por la llamada ley de medios. Tras la reunión de directorio en la que se tomó la decisión de comenzar a implementar la adecuación de oficio, Sabbatella dialogó con Página/12 sobre los motivos de esa medida, que busca poner fin a casi cinco años de marchas y contramarchas.

–¿En qué difiere lo que se impugnó ayer de la propuesta que la misma Afsca había aprobado con anterioridad?

–El Grupo Clarín, cuando la Corte determinó la constitucionalidad de la ley de punta a punta, lo que hizo fue presentar su plan de adecuación retomando lo que había presentado Fintech, su socio minoritario, antes del 7 de diciembre de 2012. Ese plan de adecuación voluntaria es el reconocimiento del Grupo Clarín de que está excedido respecto a lo que dice la ley y que, por lo tanto, tiene que vender, dividirse, transferir. Allí propuso dejar constituidas seis unidades de negocios, porque es tal la posición dominante que para no estar excedido tienen que dividirse en seis unidades distintas. Eso fue lo que trató y aprobó la Afsca, pero después tuvieron que proponer a quiénes se les iría a vender o cómo se iban a dividir, y eso es lo que la Afsca estudió durante estos meses. El objetivo era comprobar que la división sea de verdad, que no haya trampas, que no haya vínculos societarios, que no haya transferencia de recursos de una unidad a otra, o sea que la venta sea de verdad para cumplir con el espíritu de la ley, que ninguna empresa tenga una escala de negocios que le permita una estructura de costos que le dé ventajas comparativas en el mercado permitiéndole ejercer prácticas o competencia desleal. La ley, en sus títulos antimonopólicos, busca desconcentrar el mercado y democratizar la tenencia de medios. Para que esto suceda, la división tiene que ser de verdad y con absoluta independencia entre una empresa y otra. Encontramos que hay brutales maniobras para burlarse de la ley. Hay toda una ingeniería tramposa para burlarse de la ley y la ley hay que cumplirla, no hay que simular.

–Según el Grupo Clarín, lo que hay es una superposición de los abogados que representan a cada unidad, algo que no está prohibido por la ley...

–Ellos argumentan que los miembros de los estudios jurídicos que administran los fideicomisos de las unidades 1 y 2 están cumpliendo funciones de abogados y no de socios, cuando esos estudios jurídicos, queda claro que son sociedades comerciales y no prestan meros servicios legales. Pero, además, aceptan que si los cruces fueran entre los miembros de sociedades comerciales estarían incumpliendo la ley, y nosotros descubrimos que no solamente los abogados y los estudios que controlan los fideicomisos tienen intereses cruzados, sino que además hay cruces en los beneficiarios de estos fideicomisos, titulares y socios de empresas en Nueva Zelanda, en Panamá, en la Argentina. Hay cantidad de sociedades comerciales donde hay intereses cruzados que la ley no permite.

–¿Hubo un tratamiento “express” de esta medida, como acusan desde el Grupo?

–Nosotros les hemos dado todo el tiempo necesario para que ellos pudieran cumplir voluntariamente la ley, les hemos permitido presentar el plan de adecuación voluntario aunque el plazo estaba vencido, les hemos dado todo el tiempo para que presenten cómo iban a conformarse las distintas unidades, les hemos dicho las condiciones y hemos planteado con claridad qué tenían que contestar sobre los cruces que había entre los posibles dueños de las unidades para que se aprobara la propuesta. Es falso que la Afsca no le dio al Grupo Clarín todas las posibilidades de cumplir voluntariamente con la ley como todas las empresas que tuvieron que adecuarse. El trato es igualitario, lo que está permitido para uno está permitido para todos y la Afsca les dio tiempo a todas las empresas para que cumplan. Pero una cosa es usar ese tiempo para dar pasos en dirección de cumplir la ley y otra es usar ese tiempo para hacer trampa y burlarse de la ley. El Estado tiene que garantizar el cumplimiento de la ley, que es garantizar el derecho de la comunicación para el conjunto de los argentinos, es garantizar la libertad de expresión y la pluralidad y la diversidad de voces y garantizar que todo el pueblo pueda tomar la palabra en el conjunto de la patria. Las posiciones dominantes que el Grupo Clarín, haciendo trampa, quiere sostener lesionan la libertad y la democracia.

–¿Existe la chance de que estos vínculos entre sociedades y empresas argentinas y del exterior constituyan además otros delitos económicos?

–Mañana todos estos datos que recopilamos y evaluamos los voy a presentar a la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), a la UIF (Unidad de Investigación Financiera), a la CNV (Comisión Nacional de Valores) y a la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) para que esos organismos investiguen también si estamos ante la presencia de algún otro tipo de delito económico.

–¿Qué sucede con la adecuación del Grupo Telecom, sobre cuya adecuación todavía la Afsca no ha tomado medidas?

–La ley se aplica en igualidad de condiciones para todos. Hay cuarenta expedientes y ya se trataron treinta y siete, solamente falta tratar tres. Hay competidores de Clarín que fueron los primeros en ser tratados y otros que aún no. Es falso que haya un trato desigual.

–¿Están garantizadas las fuentes de trabajo y la prestación de los servicios de todas las empresas que actualmente conforman el Grupo Clarín?

–Durante el proceso del concurso, el titular actual debe garantizar la prestación del servicio y las fuentes de trabajo, que se transferirán, junto con las herramientas necesarias para su continuidad, al nuevo dueño una vez que concluya el concurso.