En el despacho hay algunas fotos familiares e imágenes de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Sobre una mesa están enmarcados ocho editoriales del diario La Nación dedicados al trabajo de Héctor Timerman. Todas críticas. El ministro dice que las tiene allí porque representan el espíritu tradicional de la Cancillería, la antítesis de lo que él quiere encarnar. Timerman recibe a Página/12 junto al secretario de Culto, Guillermo Oliveri, y el director de Prensa, Marcos Lohlé, quienes forman parte del equipo que trabajó en la desclasificación de los documentos que se harán públicos y de fácil acceso a partir de mañana. “Mi esperanza es que esto le sirva a la gente para tener una idea de cómo actuaba la Cancillería en ese momento y que les sirva a los investigadores, jueces, fiscales, para ir cerrando pistas para descubrir qué pasó con personas durante la dictadura. Hacerlo público a través de un buscador permite armar el rompecabezas”, aseguró el canciller.

–¿Cuál es la historia de estos documentos y de la apertura que se va a hacer al público?

–El gobierno de Néstor Kirchner asume con el mandato de poner fin a cualquier ocultamiento de lo que ocurrió durante la dictadura. Para que haya juicios tenemos que conocer lo que pasó y para eso tenemos que tener la voluntad de cooperar en todos los sectores y el Estado es el que más responsabilidad tiene. Cuando me hice cargo de la Cancillería decidimos buscar la forma para profundizar el tema de la desclasificación de los documentos. Lohlé y Oliveri ya estaban trabajando en este tema. Se había hecho público el trabajo de Alfredo Forti (que fue embajador en Honduras) sobre América Central y el Plan Cóndor. Lo que nos planteamos es que desclasificar no convierte a algo en público, porque las cosas pueden ser públicas pero de difícil acceso. Se abrieron dos caminos, por un lado, establecer vínculos con otros países que pudieran aportar información sobre la época, se firmaron acuerdos con Italia –que esta semana entregó el cuarto y último paquete de documentación– y con Brasil, Uruguay y Chile. Y armamos un equipo de gente muy comprometida con los derechos humanos, como Teresa Piñero, Julia Scarenzi, que estaba a cargo del archivo y es la hija de una persona que quedó cesante luego del golpe y recientemente fue reincorporado. En 1983 se reincorporó a todos los diplomáticos de carrera que fueron dejados cesantes. A los no diplomáticos, no, en un fenómeno típico de la Cancillería argentina. Ahora Cristina sacó un decreto con el que los reincorporó a los cuatro.

–¿Por qué convocaron al CELS?

–El trabajo tenía que estar hecho de forma profesional. Hicimos un acuerdo porque lo que parece que no es importante, por ejemplo, un cable que diga que X persona va a viajar a X lugar, a quien lo lee no le significa nada, pero a un investigador le puede hacer cerrar una pista. Hace tres años que estamos trabajando en los archivos. La idea no es solo desclasificar, sino permitir el ingreso irrestricto. El trabajo no se termina aquí, con los 5800 documentos. Se puede entrar al sitio web de Cancillería y averiguar. Lo que es un engorro burocrático se va a hacer de forma sencilla y accesible para todos.

–¿Qué le resultó más interesante de lo que pudo ver?

–No revisé el contenido, lo que demuestra que no hubo direccionamiento ni instrucciones. Hubo dos diplomáticos que fueron perseguidos durante la dictadura y que están retirados, Gregorio Dupont y Lilian O’Conell de Alurralde, que ayudaron y supervisaron. Explicaron cómo funcionaba la Cancillería en ese momento e hicieron un gran aporte. Fue un trabajo en equipo y quiero destacar a todos los que estuvieron trabajando durante estos tres años.

–¿Pero qué cosas podrían aportar los documentos?

–Es interesante saber que el gobierno francés ya tenía sospechas sobre dos represores que habían estado involucrados en el secuestro de las monjas. La locura es que a estas personas que estaban involucradas en el asesinato de las monjas francesas, (Emilio) Massera las manda a París. La Cancillería, creo, es el único ámbito del Estado donde se traían personas secuestradas a trabajar, de la ESMA. Es que no sólo muchos de los marinos de la ESMA pasaron a revistar en la Cancillería sino que en el Palacio San Martín, donde hoy funciona el jardín de infantes, era un centro de trabajo esclavo. A gente que estaba desaparecida la traían todos los días y a la noche las llevaban a la ESMA. Yo me reuní con varias de ellas. También hay muchos funcionarios de las Fuerzas Armadas, sobre todo de la Marina, que después entraron en la carrera diplomática. Y hay muchos funcionarios que se acaban de jubilar o se están por jubilar que eran jóvenes diplomáticos durante la dictadura. La Cancillería fue un puntal importante contra los que denunciaban a la dictadura. Tuvo el rol de defender en el extranjero el accionar de un Estado terrorista. Muchos embajadores informaban de las acciones que se hacían contra la dictadura. E informaban los nombres de quienes participaban. En esta parte del Estado los funcionarios son de carrera, debían poder entender que lo que hacían podía poner en peligro a muchas personas. Al principio, el golpe en la Argentina en el exterior no se entendía bien. Era diferente a la situación chilena, donde habían derrocado a un presidente socialista. Acá la situación era confusa, por la degradación que había en el gobierno. Al principio los diplomáticos podían establecer una negativa sobre lo que estaba ocurriendo. Pero el trabajo de los exiliados, de las denuncias y de quienes trabajaban desde adentro enviando la información, hizo quebrar el muro de contención que había establecido la Cancillería. Mi esperanza es que esto le sirva a la gente para tener una idea de cómo actuaba la Cancillería en ese momento y que le sirva a los investigadores, jueces, fiscales, para ir cerrando pistas que ayuden para descubrir qué pasó con personas durante la dictadura. Al hacerlo público a través de un buscador permite armar el rompecabezas. Es similar a lo que hace Estados Unidos cuando desclasifica sus documentos.

–¿Quedarán comprometidos diplomáticos en funciones?

–No sé si gente que está en carrera, pero sí gente que está viva. No tengo dudas de que mucha gente de la Cancillería el lunes va a poner su nombre en el buscador para ver qué sale.

–¿Qué representaciones son más sensibles para investigar? Está París, por el Centro Piloto, ahora se están conociendo cosas sobre España, está la Sudáfrica del apartheid, por ejemplo...

Oliveri: –Sudáfrica es como si fuera una especie de retaguardia, sobre todo de la Marina. No sabemos si hay implicancias económicas, si con la llegada de la democracia protegían ahí a los que estaban prófugos. Otro lugar es Brasil. Un cable que ya fue publicado, por ejemplo, habla de gente de la Argentina que está entrando en Brasil y es detenida. De los cinco mencionados, tres son secuestrados en Lima.

Lohlé: –La suma de documentos de los distintos países aproxima una cuota de verdad cada vez mayor acerca de lo que pasó.

Timerman: –Lo que llama la atención es cómo se exportó el modelo argentino, cómo otros países, de Centroamérica por ejemplo, pedían asesoramiento y cooperación en los ’80. Es interesante porque hoy la Argentina es uno de los países que más coopera en términos de derechos humanos con otros países. El Equipo Argentino de Antropología Forense trabaja en varios países. La Argentina coopera en cómo llevar adelante los juicios, cómo investigar. Si antes exportamos represión, hoy exportamos el know how de lucha contra la impunidad.