Desde Paraná

Dos declaraciones y cinco comunicados fueron el saldo de la XLVII cumbre de jefes y jefas de Estado del Mercosur, en el que la principal novedad es que Bolivia, quien aún no completó los trámites necesarios para convertirse en miembro pleno del bloque, firmó los documentos en pie de igualdad con Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela. Entre los comunicados se declaran el apoyo a la Argentina respecto del litigio con los fondos buitre y el reclamo de soberanía a Inglaterra por el Atlántico Sur, además de una condena a las sanciones que estableció el Congreso de los Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro.

En el documento sobre fondos buitre, los mandatarios “reafirman su más absoluto rechazo a la actitud de dichos fondos especulativos, cuyo accionar obstaculiza el logro de acuerdos definitivos entre deudores y acreedores y pone en riesgo la estabilidad financiera de los países”; “exigen que se garantice que los acuerdos alcanzados entre acreedores y deudores en el marco de los procesos de reestructuración de las deudas soberanas sean respetados”.

Sobre este tema, los presidentes expresaron que “reiteran su solidaridad y apoyo a la República Argentina en la búsqueda de una solución que no comprometa su desarrollo y el bienestar de su pueblo”; destacan la resolución de la ONU “hacia el establecimiento de un marco legal multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana” y “desean que el referido marco se encuentre vigente en el menor plazo posible”.

Por otro lado, respecto de la cuestión Malvinas, el documento reitera el “permanente respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía” del Atlántico Sur y rechaza el “desarrollo de actividades unilaterales británicas que incluyen, entre otras, la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables del área en controversia”. Además, los países miembro volvieron a acordar “intercambiar la información disponible” sobre navíos cuyo itinerario incluya el archipiélago “con cargas destinadas a actividades hidrocarburíferas o mineras” e “impedir el ingreso a sus puertos de buques o artefactos navales que enarbolen la bandera ilegal de las islas Malvinas”.