Alejandra Gils Carbó dialogó con este diario hace casi dos años, cuando estaba por implementar los nuevos concursos y aún no se había aprobado el nuevo Código Procesal Penal, noticia de este mes.

–Su último reportaje con Página/12 fue en febrero de 2013. Prometió un reglamento de concursos para dar transparencia y celeridad y evitar la manipulación. ¿Cuánto de eso funciona?

–Todo. Ningún sistema da tantas garantías como éste. Desde hace 20 años existe una secretaría de concursos y a la gente no la puse yo. En el tribunal que examina a los aspirantes hay un jurista externo y cinco fiscales. No hay ni siquiera una entrevista previa a los exámenes, de evaluación general. Además, los exámenes escritos son anónimos y los orales se filman y son de acceso abierto. El problema de los que critican es que no van ni a mirar. Que vayan. Antes los concursos duraban ocho años. Ahora el promedio es de ocho meses. Porque corresponde y porque queremos que haya fiscales titulares, no un tercio vacante como ocurría cuando este equipo llegó aquí. Yo misma tomé los juramentos a 45 nuevos fiscales. Teniendo en cuenta que en diciembre de 2014 el Ejecutivo aprobó por decreto el nombramiento de 11 nuevos fiscales (dos de primera instancia y nueve fiscales generales) y considerando la próxima tanda de aquí a fin de año, habremos logrado la incorporación de 68 nuevos fiscales de una manera absolutamente abierta y transparente. Ya convoqué a 13 concursos para proveer 48 vacantes. Si tenemos en cuenta que estos concursos fueron abiertos una vez que quedó vigente el nuevo reglamento de concursos, en mayo de 2013, produjimos un record histórico no sólo por entrada de profesionales de un modo transparente sino por la publicidad de la convocatoria. En los primeros once concursos se inscribieron nada menos que 1050 personas. En uno solo, el 103, se inscribieron 237 personas. En otros tres concursos superaron los 100 para cada ocasión. El cambio es significativo porque en otras gestiones hubo varios concursos que debieron declararse desiertos por falta de postulantes. Por eso desde el primer momento le di importancia al cambio en el reglamento de concursos. Antes el examen no estaba suficientemente valorado. Ahora los exámenes se basan en el análisis de expedientes que se sortean ahí mismo. En el oral también la base es un expediente si se trata de cubrir una vacante para el fuero penal. La transparencia ayuda a que haya fiscales imbuidos de la idea de que el Ministerio Público Fiscal debe tener un rol especial porque en la sociedad hay asimetrías entre los sectores más poderosos y los vulnerables.

–¿Cómo hacen para evitar la subjetividad y al mismo tiempo lograr que los fiscales nuevos tengan en cuenta esas asimetrías?

–Los tribunales examinadores tienen la posibilidad de ponderar tanto los conocimientos técnicos como la forma de pararse frente a un caso en el expediente.

–¿Siempre el concurso apunta a cubrir una vacante determinada?

–Hasta ahora sí, pero no porque sea obligatorio. Nada obstaría a que el Ministerio Público Fiscal organizara concursos para cubrir futuras vacantes. Igual, después del concurso hacemos capacitación en política criminal y en nuestros objetivos dentro de la política criminal. El signo son los atajos, que son las agencias territoriales de acceso a la Justicia. Desde mayo tenemos cinco funcionando con personal en el territorio dándoles acceso a la Justicia a las personas más vulnerables y marginadas de la Justicia y de la sociedad. Creamos el paradigma de atención a la víctima. Antes sólo existía en el mejor de los casos una psicóloga que daba contención. Ahora también actúa un cuerpo de abogados que asesora a la víctima para que entienda qué le va a pasar en el proceso y evitar que en ese proceso judicial pueda sucederle que se revictimice. Y hacemos articulación para solucionar conflictos.

–¿Por ejemplo?

–En casos de trata con destino a la esclavización laboral no sólo perseguimos penalmente a los responsables sino que actuamos con el movimiento nacional de fábricas recuperadas para que las personas que estaban en situación de trata laboral y aprendieron un oficio en condiciones terribles o ya lo tenían de antes puedan seguir trabajando dentro de un marco digno y justo. No podemos resolver el delito y dejar tirada a la víctima. No alcanzaría. No estaría bien. La mirada del Ministerio Público Fiscal tampoco es quedarse en el estudio de las cosas, aunque por supuesto las estudiamos, sino atender al conflicto social.

–Una vez que la ley de implementación del nuevo Ministerio Público Fiscal con el código ya sancionado esté lista, ¿cuántos cargos nuevos habrá?

–Aclaro que no lo digo yo. El anexo de la ley que reformó el Código Procesal estipula que son 1700 cargos.

–¿Es mucho, es poco, está bien? ¿Cuáles serían los parámetros para llegar a esa cifra?

–En todos los países que adoptaron como nuevo modelo el sistema acusatorio donde los fiscales llevan la investigación sucedió lo mismo. Y las designaciones serán para las fiscalías, no para la Procuración. Donde hagan falta fiscales, entrarán por concurso como hablamos antes. En cuanto a los empleados, depende, pero en su mayoría hay normas de ingreso democrático. Es increíble la cantidad de exámenes que tomamos: 30 mil. En Capital Federal ingresaron 102 personas, con exámenes que se corrigen informáticamente, con transparencia y equidad. Hay que tener en cuenta que en la Procuración también son necesarios arquitectos, ingenieros, contadores, plomeros... El ingreso es diferente pero no deja de estar sujeto a reglamentos.

–El secretario del gremio judicial, Julio Piumato, acaba de denunciar ingresos, a su juicio, irregulares.

–Son 179 personas cuando el Ministerio Público Fiscal cuenta con 4500 funcionarios, magistrados y empleados. Lo veremos, pero seguramente se trate de vacantes producidas, de jubilados o de gente que no lleva expedientes, tiene otras especialidades y entra en el sector que no tiene la norma del ingreso democrático que mencioné recién.

–Si la cifra a incorporar es de 1700 personas y si la ley de implementación del Código lo llegase a autorizar, ¿cómo será el sistema de ingreso?

–Por lo pronto, una comisión especializada debería analizar cuál es la cantidad de refuerzos necesaria para ver cuánta gente exactamente precisa el Ministerio Público Fiscal de modo de cumplir con la ley. Porque se trata de cumplir la ley, ¿no? Tanto de la norma que cambió el Código Procesal como de la ley que luego implemente el cambio. Pero la reforma no es un desembarco, como critican algunos sin saber. Es un refuerzo. Ahora mismo hay 115 cargos que permanecen vacantes. El número aumentó en los últimos meses por la creación de 21 nuevos cargos, 17 de ellos por el nuevo Código Procesal y cuatro por la ley de fueros del consumidor. Pero de los 115 cargos vacantes 36 tienen concursos en trámite, 31 con ternas ya elevadas a consideración del Poder Ejecutivo y 48 aún sin concursar. Parte corresponde a fueros todavía no habilitados como las cámaras de Casación en Seguridad Social, en lo Contencioso-Administrativo y en lo Civil y Comercial, lo mismo que en el fuero del consumo. O sea: cambio de ley, nuevas condiciones, refuerzos. En todos los países se produjo ese refuerzo porque es enorme el trabajo que pasará a los fiscales. Vendrá gente del Poder Judicial, seguramente, y tal vez se creen nuevas vacantes de fiscales.

–¿La transición de qué países miraron?

–Varias: Chile, Guatemala y Costa Rica, por ejemplo. También le presto mucha atención a Brasil, con un Ministerio Público fuerte, articulado y plural. Articulación es trabajo en equipo. Es la meta que nos llevó a la creación de procuradurías temáticas con los fenómenos que más interesan a la sociedad: la trata de personas, los delitos de lesa humanidad, la violencia de género, el lavado de dinero, el narcotráfico. Además de conocer los mercados delictivos cada encargado del área y su equipo trabajan junto con los fiscales de los casos. Los apoyan. Entonces ya no habrá un fiscal solitario luchando contra fenómenos criminales complejos. También creamos distritos fiscales en todas las provincias. Antes había sólo en 15 regiones, que reflejaban la división del Poder Judicial. Nosotros creamos un distrito por provincia y cinco en la provincia de Buenos Aires. El fiscal coordinador de distrito se ocupa de coordinar la tarea de todos los fiscales federales del distrito en las causas más relevantes, articular con los fiscales provinciales, porque en fenómenos complejos hay delitos conexos que son investigados por fiscales comunes. La falta de coordinación favorece la impunidad. También los fiscales tienen el mandato de interactuar con autoridades provinciales, con las fuerzas de seguridad e incluso con organizaciones sociales. Eso dio lugar a trabajos conjuntos muy positivos, por ejemplo en Salta y en Santa Fe. O a la creación de mesas especiales sobre cárceles en Capital y en Mendoza. Especializar al Ministerio Público tiene relación directa con la eficiencia y con la lucha contra la impunidad.