Lijo consideró probada la asociación ilícita que permitió, a partir de coimas y amenazas, generar e instalar una versión de los hechos que inculpara a los ex policías bonaerenses que fueron juzgados y absueltos de haber sido cómplices locales de los presuntos terroristas iraníes que hicieron estallar una bomba en la AMIA.

La pata fundamental del involucramiento de los ex bonaerenses fue Telleldín. El hombre fue el vendedor de la camioneta Trafic que contenía el explosivo que voló el 18 de julio de 1994 a las 9.53 en la puerta de la AMIA. En 1996, estando ya detenido, amplió su declaración indagatoria ante Galeano e inculpó a los ex policías. Lo hizo luego de que su entonces esposa cobrara, en dos cuotas, 400 mil dólares provenientes de la SIDE. Galeano estaba al tanto de la coima y la versión falsa. Los ex fiscales, también, al igual que Anzorreguy y Finnen, Telleldín y señora, Stinfale, su abogado, y Beraja.

El testimonio del reducidor de autos fue sustentado por el de Miriam Salinas, una mujer a la que, según Lijo, Galeano ordenó arrestar y obligó a mentir a cambio de su libertad. La declaración del abogado Gustavo Semorile, también realizada bajo presión del ex juez, fue el otro sustento de la acusación falsa.

Lijo procesó a Galeano por los delitos de peculado, coacción, falsedad ideológica, privación ilegítima de la libertad y prevaricato. A Anzorreguy, Finnen, Telleldín, Boragni, Stinfale y Beraja los señaló como autores de peculado, acción criminal que también cargó sobre los ex fiscales. La Cámara Federal los culpó, además, de coacción y privación ilegítima de la libertad.