Los representantes de la ATFA, asociación de presión de los fondos buitre contra la Argentina, aseguraron ayer que las negociaciones con el Gobierno para cerrar el capítulo de los bonos en default de 2002 se encuentran en un estado de estancamiento, al tiempo que indicaron que “igualmente no se perdió la esperanza” de alcanzar un arreglo. Los buitres pretenden cobrar títulos públicos por alrededor de 1600 millones de dólares, lo que implica que no entrarían en el canje con quita de deuda que aceptó más del 92 por ciento de bonistas de la Argentina. El Gobierno mostró su predisposición para pagar 400 millones de dólares, cifra que pondría en igualdad de condiciones a los holdouts con los tenedores de bonos que entraron en las reestructuraciones de 2005 y 2010.

“Siempre tuvimos la esperanza de que el Gobierno negociaría, y seguimos teniendo la esperanza de que la razón prevalecerá”, dijo el abogado Roberto Shapiro, director de ATFA, para agregar que “no hay negociaciones en marcha en la actualidad”. El hombre de negocios dedicado a defender los intereses de los buitres que litigan contra la Argentina indicó además que las comunicaciones se encontrarían interrumpidas. “Nuestros integrantes han reiteradamente tratado de negociar con representantes del Gobierno, y han sido reiteradamente rechazados”, dijo Shapiro.

Desde la ATFA relanzaron ayer la campaña de presión contra el país, al presentar un informe sobre el supuesto “enriquecimiento ilícito” de algunos funcionarios relevantes del kirchnerismo. “Con este informe estamos simplemente señalando una constante que vemos en regímenes corruptos”, indicó Shapiro.

La encargada de la recopilación de datos de los funcionarios que figuran en el texto fue la ex funcionaria de Naciones Unidas Nancy Soderberg, otra referente clave de ATFA. El dato no resulta menor si se tiene en consideración que Soderberg es presidenta del comité asesor de la Casa Blanca sobre Desclasificación de Asuntos de Interés Público (PIBD). La presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió el año pasado una carta a su par norteamericano, Barack Obama, para alertar de que la confirmación de Soderberg en ese cargo sería perjudicial para las relaciones bilaterales entre la Argentina y Estados Unidos.

Las repercusiones respecto de la incompatibilidad de cargos de esta directora de ATFA y funcionaria de la gestión de Barack Obama no implicaron la desafectación de Soderberg al frente de uno de los comités asesores de la Casa Blanca. Desde el gobierno norteamericano se hizo trascender en esa oportunidad que “las responsabilidades al frente del PIDB no están relacionadas con cualquier participación que pueda tener en el litigio de los bonistas como una ciudadana particular”.