“El de Tandil no es un caso aislado. En la provincia de Buenos Aires hay unos 12 mil chicos institucionalizados por causas asistenciales, es decir, que no tienen problemas penales, más de 3400 bajo la jurisdicción del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y alrededor de 600 en Córdoba, por mencionar algunos lugares”, reveló en un reportaje con Página/12 Adriana Gugliota, responsable del Area Derechos de Unicef Argentina.
–¿Cómo debería resolverse el problema de la mujer de Tandil?
–Desde que se firmó la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se debe promover como política pública el fortalecimiento de las familias. Con el dinero que el gobierno provincial gasta en una beca para que el chico esté en una institución, se debería ayudar económicamente a la madre. Es ilegal separarlo de su familia. El Estado debe apoyar a la familia para que se haga cargo de sus niños. En el caso de Tandil ocurre lo contrario: el Estado financia estructuras de contención que privan al chico de su familia, privándolo al mismo tiempo de derechos. El interés superior del niño es preservar los vínculos familiares. Hay casos en que si no se retira al niño de su familia, corre peligro. Pero no en este tipo de casos.
–¿Por qué todavía persisten estas situaciones que judicializan la pobreza?
–El problema es que todavía se aplica la ley de Patronato de Menores, que permite la exclusión del hogar por razones de pobreza. En la provincia de Buenos Aires había sido derogada al sancionarse la Ley de Protección Integral de la Infancia en diciembre del 2002 por consenso de todos los bloques, después de varios años de debate. Pero esa norma fue cuestionada por el procurador de la Corte provincial y suspendida por la Corte bonaerense. En mayo, la Corte se expidió y convalidó su validez, entró en vigencia, pero inmediatamente fue suspendida por 180 días por la Legislatura, plazo que vence a fines de noviembre. Ahora están en danza otros proyectos para modificarla. Con tantas idas y vueltas, sigue vigente la ley de Patronato, una norma que fue sancionada durante la última dictadura militar.
–¿Cómo afecta esta ley a los chicos?
–En principio, no se adecua a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional. Es otro paradigma: entiende que los niños son objeto de tutela del juez y no sujetos de derecho. El drama es que en la época de la Convención sigue habiendo este divorcio entre la norma constitucional y las leyes de menor rango. Lamentablemente, el “patronato” es una cultura, no sólo una ley. El eje fundamental de la Convención es el artículo 12, que establece que el niño debe ser escuchado y sus opiniones tenidas en cuenta en todos los asuntos que le conciernen en la medida de las posibilidades y esto es lo que la “cultura del patronato” no acepta. Si esa persona es protagonista y tiene voz, la relación con el Estado y los adultos cambia.
–¿Por qué se tarda tanto en adecuar las leyes a la Convención?
–Lo que están viviendo los niños es similar al proceso que han atravesado las mujeres que hasta no hace mucho tiempo eran excluidas como sujetos de derecho. Es un proceso que culturalmente lleva tiempo. Con una ley de protección integral se reducirían las facultades de los jueces de menores a las situaciones en las que hay conflictos de índole penal. Hasta ahora, sólo seis provincias han modificado sus legislaciones: la primera fue Mendoza, después Chubut, Neuquén, Tierra del Fuego, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Misiones. Río Negro está en proceso de sancionarla.
–¿Cuántos chicos hay en institutos, lejos de sus padres, sin haber tenido problemas con la ley penal?
–No hay un buen sistema de información sobre los casos y éste es otro problema grave. En Unicef pudimos recabar ciertos datos: hasta abril, en la provincia de Buenos Aires había alrededor de 12 mil chicosinstitucionalizados por razones asistenciales, más de 3400 bajo la órbita del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y unos 600 en Córdoba, por mencionar algunos lugares. Por ejemplo, está el caso de los chicos cuyos padres están presos: en lugar de buscar a familiares y transferirles fondos para que se hagan cargo de la crianza, el Estado es muy expeditivo y los pone en alguna institución a la que le paga. Para evitar arbitrariedades e injusticias, estos casos deberían estar en la web. Estas cosas están pasando y no son visibles.
–Y afectan a la población más vulnerable ...
–Debería haber estadísticas para que los decisores políticos piensen políticas públicas para dar respuesta a este problema. Es riesgoso para los chicos que la intervención del Estado sea invisible.