La tensión entre la Corte Suprema y el Poder Ejecutivo es cada vez más fuerte y explícita. “Los jueces no gobernamos pero ponemos límites al gobierno de turno”, dijo por la mañana el presidente del alto tribunal, Ricardo Lorenzetti. Luego advirtió que “la inseguridad se ha agravado” y que “el narcotráfico también es un flagelo preocupante, junto con la impunidad”. Cristina Kirchner le contestó después en un discurso que se escuchó por cadena nacional: “En lugar de dar tantos discursos contra el narcotráfico, los máximos responsables del Poder Judicial deberían dotar a los juzgados federales y limítrofes de mayor cantidad de empleados, recursos y elementos para que puedan hacerlo eficazmente”. En el acto que encabezaba la Presidenta se inauguraba un centro de destrucción de armas como parte –dijo– de “una política de seguridad general de la sociedad” y dos hornos para quemar droga incautada.

Las frases de Lorenzetti no son nuevas. Son las que suele usar cuando quiere marcar el poder de la Corte y definir cierta agenda pública desafiante frente al Poder Ejecutivo. Pero, además, se potencian en determinados contextos. Mientras el Gobierno intenta cubrir la vacante que dejó Raúl Za- ffaroni y sigue sobrevolando la idea de ampliar el número de supremos, el tribunal ejerce resistencia. La semana pasada en un mismo día los supremos anularon la lista de conjueces nombrados por el Ejecutivo con acuerdo del Senado (que actúan en la Corte cuando no alcanzan los votos para sacar un fallo) y re-re-reeligieron a Lorenzetti como presidente en una votación adelantada, para que siga ocupando ese cargo desde enero de 2016 hasta 2019.

Las autoridades de la Corte duran tres años. La elección, que es entre los propios miembros del tribunal, suele hacerse entre octubre y noviembre. Lorenzetti justificó así su reelección anticipada: “Es importante sobre todo que ante un cambio de gobierno la Corte no sea la Corte de tal presidente, como fue durante toda la historia. No- sotros lo que hemos tratado de hacer es separar y dar previsibilidad”. Por esa misma razón viene sosteniendo que no hay que ampliar la Corte. Lo que él dice que quiere es “dar seguridad y confianza”, pero además sostuvo que ninguno de sus colegas quiere asumir el cargo. En rigor, el impulsor de su “re-re-re” fue Juan Carlos Maqueda, a Elena Highton de Nolasco la convencieron de seguir como vice –aunque algún sector del Gobierno la hubiera querido de presidenta más adelante– y Carlos Fayt tiene 97 años y un deterioro físico importante. Lorenzetti afirmó que la intención es mostrar que la Corte “es un ámbito diferente del resto de los poderes del Estado”. “Frente a los cambios de gobierno, la Corte va a seguir igual, con los mismos principios, con la jurisprudencia, es decir, dar seguridad, confianza”, insistió. Ayer mismo, públicamente, el ex juez Raúl Zaffaroni hablaba de la inconveniencia de que la Corte quede de cinco miembros y alentaba una “ampliación”.

“Cuando se habla de Justicia, siempre se apunta a la cuestión penal y a la inseguridad. La gente tiene razón al pensar que la inseguridad se ha agravado”, alarmó Lorenzetti. Es uno de los ejes de su discurso de los últimos tiempos. “Ese problema se debe afrontar con políticas de Estado continuas de todos los poderes nacionales y provinciales”, proclamó. Luego agregó la cuestión del “narcotráfico”, un asunto sobre el cual suele dirigir reclamos al Gobierno y al Consejo de la Magistratura.

A esa lista de temas agregó “la impunidad”, que introdujo en la apertura del “año judicial”, donde cuestionó el discurso presidencial de la Asamblea Legislativa. Allí proyectó un video que mostraba imágenes de centros clandestinos y evocaciones de asesinato de todo tipo (desde Angeles Rawson hasta Maximiliano Kosteki y Darío Santillán), y que terminaba con una imagen del fiscal Alberto Nisman, que todavía es un caso en investigación, como muerte dudosa. “Debe haber una explicación clara y en un tiempo razonable sobre esta muerte. La impunidad se resuelve con una buena investigación, transparente, de lo contrario, los procesos de embarran y eso genera frustración”, advirtió. También generalizó que “a la gente” no le interesa la mayor participación ciudadana en los procesos de selección de jueces porque “no significa mejorar el funcionamiento de la Justicia” y lo que quiere son “juicios más rápidos, que no duren diez años. No hablemos de los problemas de poder. Si alguien quiere tener más poder, eso no ayuda a la gente. Colaboraría tener una mejor infraestructura, nombrar más jueces”, insistió. La discusión por el manejo de los fondos del Poder Judicial fue un tema caliente cuando se debatió la reforma fallida del Consejo de la Magistratura. Lorenzetti consiguió evitar que el proyecto contemplara el traspaso de dinero judicial a ese organismo, y luego incluso la Corte declaró inconstitucional toda la reforma.

Al inaugurar un edificio del Banco Nacional de Materiales Controlados del Registro Nacional de Armas (Banmac) en San Martín, con un depósito para destrucción de armas, y mostrar dos hornos “pirolíticos móviles” para quemar droga incautada, además de anunciar la apertura de un laboratorio forense en Santiago del Estero, la Presidenta dijo que “éstas son cosas que deberían integrar inversiones del Poder Judicial”, pero enfatizó que las hace el Gobierno “para contribuir con la Justicia”. Ese fue sólo un tramo de su respuesta a Lorenzetti.

Al narcotráfico lo señaló como un fenómeno “global” y sostuvo que para combatirlo hay recursos que dependen del propio Poder Judicial. Como ejemplo puso al juez federal de Orán, en Salta, que es clave en la investigación del tráfico de estupefacientes en el norte del país, que es una zona crítica, pero “solamente tiene 22 empleados”. “Nosotros ponemos las fuerzas de seguridad, ponemos esta inversión que estamos llevando a cabo hoy, y esto es en realidad luchar adecuadamente contra el narcotráfico”, dijo Cristina Kirchner. “Necesitamos que todos los poderes públicos del Estado, trabajen sobre estos presupuestos”, señaló. En la inauguración de ayer sostuvo que “tanto la destrucción de la droga como la destrucción de las armas” contribuyen a “generar una política de Estado en materia de seguridad, en materia de narcotráfico, porque esto se suma además a la labor que viene desempeñando la Gendarmería Nacional, la provisión que hemos hecho de ella”, defendió la mandataria.

Entre los anuncios, dijo que enviará al Congreso un proyecto de ley para reemplazar al Registro Nacional de Armas (Renar) por una Agencia Nacional de Materiales Controlados.