Las estimaciones del equipo económico a las que accedió Página/12 revelan que pagar bajo la fórmula diseñada por el juez Thomas Griesa a los fondos buitre y holdouts en poder del 7,6 por ciento de los pasivos todavía en default implicaría emitir entre 17.800 y 22.000 millones de dólares de nueva deuda. La cifra representa la mitad de los 40.000 millones de dólares en títulos que entregó Argentina durante la reestructuración para regularizar el 92,4 por ciento de aquellos pasivos. En el Palacio de Hacienda advierten que no sólo es una cifra elevada en comparación con el canje, el hipotético desembolso equivale a dos tercios de las reservas del Banco Central o al 50 por ciento de toda la inversión social realizada entre 2003 y 2014. A un año de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que convalidó el fallo y las órdenes del magistrado de primera instancia, en el Ministerio de Economía enfatizaron a este diario que “tuvimos razón al rechazar la extorsión de los buitres. Está claro que no eran sólo los 1600 millones que ordenaba pagar Griesa. Queremos llegar a un acuerdo, pero no se puede pagar cualquier cosa como proponen algunos, que además olvidan que la ley argentina prohíbe pagarles más que el canje”.

La radiografía con la que trabaja el ministro de Economía, Axel Kicillof, refleja que existen títulos públicos emitidos bajo legislación extranjera todavía en default por un valor nominal aproximado de 5600 millones de dólares. Con los tenedores de ese universo de bonos, o la mayor parte posible del mismo, debería encararse cualquier conversación para hallar una solución “justa, equitativa y sustentable”. Son más de 150 tipos de bonos distintos denominadas en diferentes monedas, lo que hace al monto definitivo variable según las cotizaciones de esas divisas. Ese universo constituye el 7,6 por ciento que todavía no ingresó al canje, “una alternativa que todavía se encuentra disponible”, remarcan los funcionarios del Palacio de Hacienda en referencia a la reapertura de la oferta vigente desde el año pasado.

La jurisdicción más popular entre los demandantes es Estados Unidos, con el protagonismo del tribunal de primera instancia a cargo del magistrado Thomas Griesa. Sumados, los litigantes que eligeron las cortes norteamericanas exhiben bonos por un valor nominal de 3300 millones de dólares. En el universo judicializado se contabilizan además las demandas canalizadas en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, por los autodenominados “bonistas italianos”. Son aproximadamente títulos por 1000 millones de dólares presentados en un caso sin precedentes, todavía abierto. Los abogados que trabajan en Economía advierten que esos demandantes podrían migrar en cualquier momento a los tribunales de Griesa.

El último grupo litigante lo componen alrededor de 200 millones de dólares en papeles presentados en tribunales alemanes. Un pequeño detalle ignorado hasta el momento es que muchos de esos demandantes buscaron a lo largo de los últimos doce meses que las cortes germanas de primera instancia les convaliden el “tratamiento pari passu”. Hasta ahora esos jueces negaron sistemáticamente los pedidos aunque pueden ser apelados.

El diagnóstico del equipo económico al que accedió en exclusiva este diario desagrega en tres grupos a los litigantes en Estados Unidos, con 3300 millones de dólares en bonos. En primer lugar están los títulos por 420 millones de dólares en poder de los fondos buitre, beneficiarios de la cuestionada sentencia y orden de Griesa. Son los demandantes a quienes el magistrado les convalidó una rentabilidad de 400 por ciento frente al valor nominal de sus tenencias y del 1600 por ciento cuando se lo compara con el precio de remate al que obtuvieron esos papeles. La ganancia es posible gracias a la extravagante interpretación de la cláusula de tratamiento igualitario.

A ese grupo intentan sumarse los acreedores denominados “me too” (“yo también”, en inglés). El juez ya les allanó el camino para que soliciten los mismos términos de la sentencia otorgada a los buitres para apelar. Se trata de bonos por 2100 millones de dólares presentados en 37 demandas colectivas de 526 a fondos e individuos. El 90 por ciento de los “me too” son buitres que están concentrados en un grupo reducido de fondos, advierten en el Palacio de Hacienda. Desde el equipo económico aseguran que “si se suman a los buitres los ‘me too’ que serían potencialmente beneficiados por Griesa, sólo se reúnen 4 de cada 10 bonos argentinos no ingresados al canje”. Por último, en Estados Unidos quedan aproximadamente 800 millones de dólares en bonos que lentamente van sumándose a esas demandas.

De acuerdo con las estimaciones que maneja el Ministerio de Economía, cumplir con las diferentes sentencias judiciales requeriría una suma que oscila entre 17.800 y 22.000 millones de dólares. Los cálculos varían dependiendo de las tasas de interés que concedan los tribunales. Si todos reciben la fórmula pari passu que consiguieron NML, Dart y Aurelius, los buitres más poderosos, el cálculo asciende al extremo superior. Eso se debe a que los tribunales incluyen junto al pago de los intereses contractuales hasta la maduración del bono un interés judicial anual que ronda el 9 por ciento. Esa penalidad judicial es inferior para quienes tienen una sentencia de pago como los “me too”. La tasa post sentencia está en sintonía con la que paga el Tesoro norteamericano por sus bonos: alrededor de 0,25 por ciento. Por eso, en el caso que los “me too” recibieran el tratamiento tradicional, el guarismo se reduce.

“Tuvimos razón en rechazar la extorsión de la Justicia norteamericana durante todo el año pasado, está claro que no son 1600 millones de dólares sino una suma mayor que, en cualquier escenario, asciende a un monto exagerado y excesivo”, reiteró un colaborador del ministro Kicillof consultado por este medio. En el Palacio de Hacienda entienden que la atomización del universo demandante con la irrupción de los “me too” debilita la posición de los buitres. “No es urgente alcanzar un acuerdo, lo importante es cómo se soluciona. Logramos dejar en claro que no se puede pagar cualquier cosa. Hay que hallar una solución justa, equitativa y sustentable”, afirman los funcionarios del equipo económico que siguen día a día el curso de la disputa.