En Argentina, la transición institucional de 1983 no avanzó moldeando cemento fresco, sino quebrando primero el que estaba perpetrado. En ese sentido, el fútbol fue una de las estructuras que más sucumbió al cambio de época. Su adaptación a las nuevas lógicas sociales se produjo en el marco de una furiosa escalada de violencia en los partidos, fenómeno hasta entonces ajeno al fútbol como hábito cultural. Una estadística lo grafica: a lo largo de 1983 se produjeron cinco muertes, cifra record desde el primer registro, datado de 1922. Lejos de ser una situación excepcional, el año marcó a su vez un quiebre en el promedio de fallecimientos, que hasta ese entonces era de 1,7 y a partir de allí pasó a ser de casi seis. Se confecciona por primera vez una “lista de víctimas en el fútbol” para llevar contabilidad de ellas.

Entonces, la violencia en el fútbol comienza a ser entendida como tal. Se problematiza. Básicamente, porque a partir de aquel 1983 se proyecta en dos dimensiones que la definirán de allí en más: la figura del barrabrava contemporáneo, con la aparición pública de José Barrita, el Abuelo, como líder de La Doce, y el despliegue de mecanismos represivos por parte de las fuerzas de seguridad, quienes aún conservaban altas cotas de poder y toleraban pocos mecanismos de control. Fenómenos que son hijos de ese momento de transición en el que los roles se reordenan de manera vehemente. El fútbol, con la democracia, entra en nuevas tensiones.

Las cinco muertes de aquel año están vinculadas a acciones propias entre las hinchadas: las dos primeras en un tiroteo entre las de Boca y Quilmes, luego un simpatizante de Independiente arrojado de un tren, más tarde otro de Racing atravesado por una bengala lanzada en la Bombonera y, por último, uno de River emboscado por su propia gente.

Sin embargo, pese a no ocasionar de manera directa ninguna de esas muertes, en paralelo comienza a ser cuestionado el rol de las fuerzas de orden en estos episodios, quienes habían sobrevivido a la democracia como garantes de la seguridad, aunque sin actualizar necesariamente sus mecanismos de trabajo.

El despliegue de su aparato represivo era en ocasiones encarnizado, tal como ocurrió en la final del Nacional ’83, entre Independiente y Estudiantes, y el día del descenso de Racing. Cada uno en un estadio diferente de Avellaneda, fueron festivales de gases lacrimógenos, bastonazos, y detenciones a mansalva como la misma figura: el edicto de disturbios en espectáculos públicos. Se labraron sumarios por atentado y resistencia a la autoridad, tumulto, daños agravados y lesiones múltiples. Algunas imágenes siguen dando vueltas y son tremendas. Nunca se había visto tanta brutalidad multiplicada en un mismo partido.

Los dos hechos generaron una fuerte repercusión pública y, naturalmente, alentaron el trabajo de los servicios de Inteligencia de la Policía Bonaerense, el cuerpo de espionaje de la fuerza que había promovido aquellas represiones. Un profuso expediente acumuló informes de todo tipo sobre esos episodios, las causas que los habían generado, el rol de la propia fuerza y, sobre todo, lo que más obsesionaba a la policía: la evaluación que los medios y la opinión pública hacía de su accionar en los iniciáticos tiempos democráticos

“El periodismo, tanto escrito como oral, en diversos comentarios se mostró contrario al accionar policial” y con “una cierta predisposición constante contra los efectivos de nuestra institución”, explica uno de los partes, que adjunta innumerables recortes de los diarios más importantes. Sin embargo, ese mismo informe menciona –sin más detalles que los siguientes– que se realizó “una encuesta en la población en general”, quien “en su mayoría, coincide que el accionar policial fue correcto, dado como se sucedían los acontecimientos, tildando de sensacionalistas a los medios periodísticos que efectuaron opiniones sobre el tema”.

Walter Stefanini, jefe de la Bonaerense, declaraba públicamente que todo respondía a “un sentimiento deportivo originado en la ubicación de los equipos en la tabla”, aunque por lo bajo ordenaba que se filmaran todos los partidos en su jurisdicción para individualizar a los que inician los disturbios. Lejos de efectuar cualquier tipo de autocrítica sobre su accionar, la policía trataba de interpretar los motivos por los cuales sus tareas recibían duros cuestionamientos de distintos sectores sociales. Los informes rondan sobre la idea de que “en los estadios de fútbol se entreveran, entre el grueso de la hinchada o de los fanáticos, gente activista con diferentes ideas políticas, quienes aprovechan el caos del momento para descargar sus resentimientos personales”.

“No es objetivo enfocar la cuestión analizando el comportamiento de los efectivos policiales, debido a que el episodio que nos ocupa tiene su raíz en el accionar de los grupos juveniles de izquierda, los cuales capitalizan con habilidad el vandalismo de las barras bravas”, apunta uno de los diagnósticos de Inteligencia. Algo que, a la luz de los hechos, poco guardaba con la realidad: en las numerosas represiones desatadas por la policía en las tribunas no se veían activistas políticos sino, más bien, familias y espectadores corriendo desesperadamente frente a los ataques salvajes del garrote. Hinchas, en suma.

Sin embargo, las fuerzas del orden parecían seguir adscribiendo a la teoría de los dos demonios para justificar sus actuaciones represivas a punta de bastón, caballos, balas de goma y gases lacrimógenos. “Se observa un renacer de un viejo sentimiento de rencor, basado en el terror psicológico hacia los uniformados y su simbolismo”, esbozaba otro informe. La “campaña de descrédito de la cual es objeto la mayoría de las fuerzas legales” respondía, según los espías, a “la intensa acción psicológica desplegada por las organizaciones de izquierda, con el consiguiente aprovechamiento de los medios masivos de comunicación social, sumado a la presencia activista de integrantes juveniles pertenecientes a las corrientes políticas que participan de todo evento popular (fútbol, festivales de rock, etc.)”.

No obstante esto, las protestas por las represiones policiales que se desataban cada fin de semana en las tribunas del país no estaban inspiradas en banderías ideológicas, sino en la necesidad de reformular profundamente el rol de las fuerzas de seguridad en la nueva vida institucional que se daba lugar con el retorno de la democracia a la Argentina. En ese sentido, uno de los últimos informes de ese atribulado 1983 postulaba una serie de sugerencias a ser tenidas en cuenta por el personal policial, señalando “la conveniencia de reformular los procedimientos tradicionalmente utilizados”. Entre ellos se reconocía que el uso de los gases lacrimógenos (una de las constantes en ese año) “no ayudan a restaurar el orden sino que, por el contrario, suelen alterarlo con consecuencias imprevisibles”, aunque no hablaba de suprimir su uso sino de hacerlo de manera menos “indiscriminada”. Por otra parte, se planteaba la necesidad de “destacar a los efectivos policiales en lugares estratégicos de las tribunas” y que “las detenciones de los responsables de los incidentes sean llevadas a cabo con la mayor discreción por el personal policial de civil, evitando de esta forma la reacción del público”.

Una nueva lógica se imponía en las tribunas. La democracia dejaba atrás viejos fantasmas pero se desayunaba con otros que demandaban nuevos abordajes. El fútbol ampliaba su ámbito de influencia más allá de la línea de cal y se asumía con complejidades propias de los nuevos tiempos institucionales. La represión no cambiaba de rostro. Apenas se guarecía detrás de nuevas expresiones.