Los jueces de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán basaron la decisión de anular las elecciones provinciales en la existencia de prácticas clientelísticas, hechos de violencia registrados durante la jornada electoral e irregularidades en el sistema de monitoreo. Los magistrados consideraron, además, que la enmpresa encargada de ese servicio dio excusas falsas sobre las fallas en las grabaciones. “El derecho a votar libremente es la esencia de la sociedad democrática y cualquier restricción a ese derecho golpea el corazón del sistema representativo”, dijeron los jueces y agregaron que “las prácticas clientelares conspiran contra la libre voluntad que constituye el presupuesto indispensable del ejercicio del sufragio”. Los camaristas señalaron que “la relación entre ‘punteros políticos’ y ‘población desprotegida’ en muchos casos, responde a un sistema de subsistencia alimentaria que resulta difícil cuestionar des del discurso jurídico”. En el fallo, se señala un hecho de violencia con “17 urnas violentadas” y el hecho de que al mirar al azar las cintas de las cámaras de seguridad se vio a “un sujeto colocando una faja” de una urna extraída del depósito”. En el escrito también se hace mención a una maniobra de cambios masivos de domicilio, pero se la menciona en grado de “tentativa” ya que fue advertida en su momento por la Junta Electoral.