La huella del atentado contra la AMIA se marca más directamente en el llamado juicio por encubrimiento, que se desarrolla actualmente en los tribunales de Comodoro Py, y en la investigación misma del atentado, a cargo de la Unidad Fiscal AMIA. En el juicio, más de un acusado argumentó que se lo acusa porque “se trata de una persecución del kirchnerismo”. Y en el banquillo están sentados Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, los fiscales, el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, el ex jefe de la Federal Jorge “el Fino” Palacios y la cúpula de la ex SIDE, algunos de ellos con notorias relaciones con Mauricio Macri. Una muestra de ese panorama es que la diputada Laura Alonso fue llevada a la sede del juicio por la defensa de Galeano. El impacto del cambio de gobierno se siente por ahora menos en la UFI-AMIA, que depende de la Procuración, no del Poder Ejecutivo. Allí se está trabajando en nueva documentación, pero habrá que ver si el Ministerio de Justicia sigue impulsando el aporte de pruebas.

El juicio por el desvío de la investigación fue impulsado por los familiares de Memoria Activa, una agrupación marcadamente independiente. Se basa en el pago ilegal al acusado Carlos Telleldín, para que vinculara con el atentado a policías bonaerenses, y a complicidades con otros sospechosos que frenaron allanamientos a través de gestiones con el gobierno de Menem. Hasta ahora, en el juicio declararon varios de los acusados que usaron el argumento de que son víctimas de una persecución del kirchnerismo. En verdad, Memoria Activa fue el gran protagonista de la causa, pero buena parte de la acusación estuvo a cargo del fiscal que la oposición pretendió santificar, Alberto Nisman.

En el banquillo de los acusados está Palacios, designado por Macri como primer jefe de la Metropolitana; Rubén Beraja, el poderoso ex titular de la DAIA, de magníficas relaciones con el designado ministro Sergio Bergman y con más vínculo todavía con el nuevo secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, que fuera director ejecutivo de la DAIA durante la gestión de Beraja. Semejantes afinidades se extienden a Galeano y los fiscales, por lo que el clima entre los acusados cambió radicalmente: confían que los nuevos aires en la Rosada los beneficiarán.

Del otro lado, entre los familiares de las víctimas, sostienen que las pruebas son irrefutables y que es poco probable que el cambio en el gobierno incida en el resultado del juicio.

En cuanto a la investigación del atentado en sí mismo, el protagonismo lo tiene la UFI-AMIA, hoy a cargo de los fiscales Roberto Salum y Sabrina Namer. La lógica indica que nada debería cambiar por cuanto tienen un fuerte respaldo de la procuradora Alejandra Gils Carbó. En toda la investigación, siempre sirvió como respaldo la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia. Hoy está a cargo de Luciano Hazan, que junto con Elizabeth Gómez Alcorta, también actúan como querellantes en el juicio por encubrimiento. Habrá que ver la decisión que toma el nuevo ministro Germán Garavano: si el Estado sigue actuando como un verdadero querellante respecto de Menem y compañía o si se convierte en una especie de defensa encubierta.

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