El nuevo Código Procesal Penal aprobado en 2014 para instalar un sistema acusatorio desde marzo de 2016, con protagonismo de los fiscales, oralidad y tiempos más cortos no entraría en vigencia hasta dentro de, por lo menos un año, según pronostican en el equipo del ministro de Justicia entrante Germán Garavano, y lo que empezaron a conversar con la Comisión de Implementación que funciona en el Congreso. Garavano ya trabaja en proyectos para reformular algunos artículos del Código, la ley de implementación y las leyes orgánicas del Ministerio Público y del Poder Judicial. Del Código tiene en análisis entre diez y quince artículos. Por ejemplo, la regulación del juicio abreviado, la reglamentación de la figura del agente encubierto y otros que permitan apuntar a la criminalidad organizada. Esto último podría ir de la mano del traspaso de la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires, y quedarían el fuero federal, tal vez rediseñado, con la criminalidad compleja. La ley de implementación plantearía que comience por Tierra del Fuego y Salta, en forma muy escalonada, por las provincias más chicas. Para el Ministerio Público Fiscal, y quizá de la Defensa, el procurador pasaría a tener un cargo acotado en el tiempo, tal vez de cuatro años, y menos funciones. Podría cambiar el modo de selección y remoción, de ellos, los fiscales y los defensores.