La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió ser querellante en caso de que la Justicia federal decida impulsar la causa contra el juez Claudio Bonadio y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, por la operatoria de dólar futuro. La presentación había sido realizada la semana pasada por diputados del Frente para la Victoria, recayó el juzgado que encabeza por Sergio Torres y ahora es analizada por el fiscal Jorge Di Lello que deberá pronunciarse acerca de si avanza o no la investigación.

La denuncia apunta a Bonadio (que investiga a CFK por la misma operación) y a Sturzenegger por los presuntos delitos de defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público, prevaricato, estafa procesal y privación ilegal de la libertad, entendiendo que el juez y el funcionario actuaron de mala fe y son responsables de las pérdidas a causa de los contratos a futuro que tenía suscritos el Banco Central cuando se decidió devaluar la moneda en diciembre.

La presentación judicial había sido realizada el miércoles pasado, luego de que la ex presidenta acudiera a los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria ante Bonadio, y lleva la firma del jefe de la bancada del FpV, Héctor Recalde, y sus compañeros y compañeras de bloque Juliana Di Tullio, Nilda Garré, Diana Conti, Teresa García, Carlos Kunkel, Luis Cigogna, Carlos Moreno, Marcos Cleri y Rodolfo Tailhade.

Los argumentos de la querella coinciden con lo que planteó Fernández de Kirchner en el escrito que presentó ante Bonadio en el marco de su indagatoria, donde ya se apunta contra el juez (que también fue recusado en la causa y acusado ante el Consejo de la Magistratura) por tomar decisiones como magistrado reñidas con la ley, y también contra Sturzenegger, por haber tomado decisiones de política económica que beneficiaron a “empresarios cercanos” al gobierno nacional.

Ahora, la ex mandataria intentará formar parte del expediente como querellante, para lo que presentó un escrito en el que asegura que “los supuestos beneficiarios ilícitos de la compra de dólar a futuro, que fuera denunciada por los diputados Mario Negri y Federico Pinedo, y a los que ellos calificaban como grandes especuladores en el exterior, grandes empresar, grandes financieras, inversiones institucionales y personas físicas de alto patrimonio, terminaron apareciendo los funcionarios de su propio gobierno y empresarios del círculo más íntimo del presidente”.