Tras la muerte de cinco personas que habían asistido a la fiesta Time Warp, el ex diputado porteño Facundo Di Filippo, del Partido Social, que forma parte de la Coalición Cívica, patrocinado por el abogado Enrique Viale, presentó un escrito ante el Juzgado Federal número 7, a cargo de Sebastián Casanello, con información referida a la ilegalidad de la habilitación del predio Costa Salguero y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Di Filippo viene bregando desde hace años contra la situación irregular de este complejo. En 2009 presentó el primer amparo, en el fuero en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Su planteo se basó en que el complejo está ubicado en terrenos con zonificación UP (urbanización parque) en el Código de Planeamiento Urbano. El código prohíbe expresamente toda actividad de explotación comercial en los predios con esta zonificación.

Consultado por este diario, Di Filippo recuerda: “En 2009 tuvimos un dictamen favorable. El juez fue Andrés Gallardo. Se probó que los locales comerciales no estaban habilitados, que habían funcionado así durante quince años. Entonces Gallardo los clausura. En 48 horas el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires les concede una habilitación exprés”.

Y aclara: “Los principales puntos de nuestra presentación ante Gallardo son tres. El primero es que si está en una zonificación UP tiene expresamente prohibido desarrollar actividades comerciales. El segundo es que no hay un camino de sirga (N. de R.: camino costero de cualquier curso de agua que debe ser de acceso libre al público), ya que la costa está obstaculizada por las terrazas de bares y restaurantes, como la del salón en el que festejó su casamiento el Presidente. Y el tercero, las habilitaciones truchas de los locales, que no las tuvieron en quince años y las consiguieron en 48 horas”.

Luego de innumerables obstáculos y chicanas judiciales, el único punto que tiene firme una resolución favorable es el del camino de sirga, aunque sigue sin respetarse la orden de abrirlo y mantenerlo libre. La cuestión de fondo, la prohibición de actividades comerciales en una zona UP, sigue planteada.

Para destrabar la situación, en 2014 presentó, junto al actual legislador Gustavo Vera y al ex Pablo Bergel, una nueva denuncia, esta vez por cuarenta concesiones ilegales en toda la Ciudad, incluyendo la de Costa Salguero SA. La causa pasó entonces al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (donde sigue hasta hoy, “durmiendo en algún cajón”) y la instrucción recayó en la fiscal Paula Asaro.

Di Filippo plantea: “Costa Salguero SA fue concesionada a Telemetrix, que es dueña de Emaco, una constructora que consiguió muchas licitaciones en la Ciudad. La concesión fue en 1992 por treinta años, o sea hasta 2022. Paga un canon irrisorio, de $260.000 pesos mensuales. Lo ridículo de la suma salta a la vista si se compara con lo que Telemetrix recibe de las subconcesionarias. Y hay además otra cuestión a tener en cuenta. Telemetrix consiguió la habilitación exprés para 23 espacios (el número 24 sigue sin habilitación al día de hoy. Es la estación de servicio que está a la entrada del predio. Esta sigue clausurada desde 2009). Ninguno de estos 23 espacios tiene habilitación para bailes o fiestas. Si la habilitación original no lo permite y no hubo reformas o modificaciones en los locales (en lo tocante a ventilación, suministro de agua y otras exigencias específicas), ¿por qué se concedió el permiso especial pedido por la empresa organizadora para esta rave?”.

“Costa Salguero es un predio de 17 hectáreas de tierras públicas ganadas al río y cuya zonificación está expresamente establecida como un parque, donde no se permite ninguna de las actividades que allí se desarrollan, por lo que jamás la fiesta electrónica debería haber obtenido una habilitación válida. Las irregularidades de la concesión de este predio se enmarcan en una situación general de manejo fraudulento de una gran parte de las concesiones que otorga el gobierno de la Ciudad”, resumió.

En su presentación actual, Di Filippo le solicita al juez Casanello que le pida el Superior Tribunal de Justicia porteño copias certificadas de los expedientes y los incorpore a la causa. También que cite al juez Andrés Gallardo y a la fiscal Paula Asaro, ya que por su participación en las causas anteriores disponen de información muy valiosa sobre las particularidades de las habilitaciones en la CABA. “La incorporación de estos expedientes y el testimonio de Gallardo y Asaro le permitirían a Casanello ahorrar mucho tiempo de investigación. Por eso confío en que esta presentación tenga un curso favorable.”