Se cumplieron sesenta años desde la insurrección encabezada por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco, sangrientamente reprimida por la dictadura autodenominada “Revolución Libertadora”. Vale la pena volver a recomendar la lectura dos libros formidables, escritos poco después, cuando era pecado y riesgo denunciar las matanzas. El clásico Operación Masacre de Rodolfo Walsh y Mártires y verdugos de Salvador Ferla. Walsh es insuperable, por sus dotes de investigador, la calidad de la prosa y su trayectoria. Ferla, un italiano autodidacta venido de muy pibe a la Argentina es un revisionista de primer nivel, poco contemplado por los panteones afines y adversarios.

Walsh se concentra en el asesinato masivo contra civiles en los basurales de José León Suárez. Ferla aborda todos los fusilamientos, que totalizan 27 muertos en distintos escenarios.

La crueldad de los libertadores fue deliberada, comenta Ferla quien rescata un dato espeluznante: el gobierno usurpador envió a los familiares de las víctimas una nota diciendo “su esposo (o su hijo) han fallecido a consecuencia del decreto 10364”. La burocracia del terror, la hipocresía de los criminales que se replicaría veinte años después. En 1956 “fallecieron” por un decreto, desde 1976 los desaparecidos eran una entelequia según la descripción del dictador genocida Jorge Rafael Videla.

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En las dos primeras presidencias de Juan Domingo Perón hubo sendos levantamientos militares. El golpe en 1951 y el bombardeo que mató cientos de argentinos en Plaza de Mayo en junio de 1956. Las penas que aplicó el militar elegido por el pueblo fueron privativas de la libertad, jamás pensó en matarlos.

Los “libertadores” dictaron la Ley Marcial, o sea la aplicación inmediata del Código Militar y sus tribunales. Walsh y Ferla estudian caso por caso. El primero prueba que la difusión de la ley fue posterior al apresamiento de las víctimas en José León Suárez: no les era aplicable, igual los masacraron. Ferla afirma lo mismo respecto de 25 de los 27 ejecutados, por lo menos.

Un tribunal militar sometió a juicio sumarísimo a detenidos en Campo de Mayo. Los declaró culpables al uso milico: rapidito, sin derecho a defensa ni apelación. Un escrúpulo los frenó, resolvieron no aplicar la pena de muerte. Aramburu desconoció su propia legislación y ordenó el fusilamiento.

En su primer discurso ulterior, lamentó que se hubiera derramado sangre de argentinos. Evitó consignar que todos fueron de un bando. Casi no hubo enfrentamientos armados, el principal en La Plata, el que presenció Walsh, cuando según su palabra todavía lo atraían más la literatura y el ajedrez que la política.

El gobierno chantajeó públicamente a Valle, que se había refugiado en la casa de un amigo: hasta que no se entregara, no cesarían las matanzas. Valle se presentó a sabiendas de que le iba la vida en eso.

Los grandes diarios celebraron los crímenes. Los editoriales de La Nación y Clarín se exaltaron, sin atribularse por la efusión de sangre.

Hubo ejecutores materiales, algunos con sorpresa o hasta malestar por las órdenes “de arriba”. Son inexcusables sus culpas y las más graves de los dictadores Aramburu y su vice Rojas. Pero la cadena de responsabilidades humanas y políticas no termina con ellos.

Obraron para defender un orden conservador que las conquistas del primer peronismo habían puesto en cuestión. Por eso es preciso llamar a esa y las siguientes dictaduras “cívico empresarial militar”. La defensa cerril de intereses fue determinante de la represión. La oligarquía, pintó Walsh ,”esta temperamentalmente inclinada al asesinato”. No por irracionalidad, al contrario.

El terrorismo de Estado en ese momento y en las dos dictaduras posteriores, fue racional. Una herramienta para cambiar la estructura productiva, desbaratar al estado benefactor y arrasar las conquistas que promovió o reconoció el movimiento popular, con mayoría peronista. Y barrer con las organizaciones y luchadores que defendían sus derechos. La barbarie a menudo tiene su terminal en personajes violentos, sádicos, funcionales a sus jefes directos o remotos. Pero fueron otras personas e instituciones más presentables las que primero instigaron los terrorismos de estado, luego fueron sus cómplices y sus encubridores, mientras pudieron.

La Penitenciaría donde fue fusilado Valle fue demolida. Hoy es una plaza bonita, en la que se recrean los vecinos, en buena hora. El sistema democrático está vigente, con vicisitudes, desde 1983. Preservarlo es imprescindible, tanto como saber que es una conquista colectiva y por ende siempre en peligro, un baluarte a defender.

La sangre derramada alecciona, como también proponía Walsh, para “no dejarse conmover por las sagradas ideas, los sagrados principios y, en general, las bellas almas de los verdugos”.