La absolución de Recalde que estorba al relato del son todos ladrones.

La denuncia de la diputada radical Margarita Stolbizer contra la ex presidente CFK por asociación ilícita y la orden de la Cámara Federal al juez Sebastián Casanello de que investigue la relación entre la ex presidente y el procesado empresario de la construcción Lázaro Báez revelan la frustración de la entente político judicial ante la ausencia de pruebas que la incriminen. La asociación ilícita es la figura penal que desde hace 95 años se emplea cuando no es posible imputar algún delito a una figura política, los sindicatos a partir de su inclusión en el Código Penal en 1921, las organizaciones políticas desde la reforma de 1974. Nada más sugestivo que la ausencia de Horacio Cattani en la decisión por la que la sala II de la Cámara Federal subrogó al juez Casanello en la dirección de la causa y ordenó que todos los jueces que llevan causas contra la ex presidente coordinen sus tareas, algo que no figura en ninguna ley y que podría dar lugar a nulidades. Sólo firmaron Martín Irurzun (de histórica relación con el dirigente radical Enrique Nosiglia y en la actualidad el principal operador de Ricardo Lorenzetti en los tribunales de Comodoro Py) y Eduardo Farah (uno de los más activos integrantes de la Escudería Stiuso, que en forma irregular integra las dos salas de la Cámara, sin que se cubra la vacante que suple desde hace años). El mismo tribunal que ahora intenta vincular expedientes distintos, permite que los jueces Claudio Glock y Julián Ercolini instruyan dos causas gemelas, con el mismo objeto, sobre las mismas sociedades y las mismas personas, en el caso de las propiedades que la familia Kirchner alquiló a Báez. Esta burda manipulación de la justicia es posible por la sesgada cobertura de La Nación y el Grupo Clarín, los medios de prensa señalados en los Panamá Papers por poseer sociedades offshore, que reclaman a gritos el procesamiento y la detención de Cristina y manipulan la información de modo de magnificar algunos episodios y ocultar otros. Lo mismo ocurre en Brasil con las causas que instruye el magistrado Sergio Fernando Moro y que amplifican los medios de la rede Globo y los diarios paulistas O Estado y A Folha, que condujeron a la suspensión de la presidente Dilma Rousseff y la declaración compulsiva del ex presidente Lula, aunque los peritajes realizados hasta ahora no han podido comprobar que hubieran cometido delito alguno. En un artículo académico publicado en 2004 sobre el proceso italiano de Mani Pulite, que abrió la puerta del poder al empresario Silvio Berlusconi, el juez brasileño teorizó sobre el acompañamiento de la prensa: “La información se filtraba como un colador. En cuanto alguien era detenido, detalles de su confesión eran conocidos en L’Expresso, La Repubblica y revistas amigas”. El periodista mexicano Marco Lara Klahr acaba de difundir una “Guía de Periodismo sobre presunción de inocencia”, basada en una investigación que integra el “Proyecto Presunción de Inocencia”, auspiciado por la organización internacional de Derechos Humanos Artículo 19 (el que en la Convención Europea de Derechos Humanos protege la libertad de expresión). Lara Klahr recuerda que en un Encuentro organizado en 2011 por el CELS en Buenos Aires, una periodista televisiva le reprochó: “De ninguna manera vamos a esperar que un juez decida para poder acusar a alguien si nosotros tenemos pruebas: lo digo por eso de respetar la presunción de inocencia”. El colega mexicano le preguntó: “Si no debemos esperar que un tribunal defina quién es culpable y quién no para nosotros informarlo, ¿en qué momento del proceso de producción de una noticia debe decidirse la culpabilidad de un ciudadano?” Pero ella “no respondió, prefirió salir intempestivamente de la sala”. También cita una declaración de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos sobre una forma de detención arbitraria conocida allí como arraigo, que “no persigue declarar si una persona es culpable o inocente sino privarla de la libertad para conseguir información que pueda ser valiosa para la investigación penal, es decir, no se investiga para arraigar sino que se arraiga para investigar, lo cual vulnera los derechos a la libertad personal, la integridad física y mental y la presunción de inocencia”. La guía objeta “la rentabilidad empresarial a costa de información chatarra, una cultura en las redacciones simbiótica con el sistema penal inquisitorio, la empatía de los reporteros con dicho sistema y la corrupción” y señala que “el tipo de periodista que surge de esta atmósfera tiene una especie de confusión identitaria que le hace visualizarse como un híbrido de policía-fiscal-juez, que en ocasiones se vuelve cómplice”. Para no ir tan lejos, aquí en Buenos Aires el subeditor de Clarín, Ricardo Roa, publicó la semana pasada una diatriba contra el presidente del bloque de diputados del FpV, Héctor Recalde, quien “se pretende un ejemplo en la lucha contra la corrupción. Aunque sería mejor decir que tiene solo uno y a falta de otros lo repite sin descanso desde hace nueve años. Fue cuando, dice, proveedores de tickets canasta quisieron sobornarlo. Lo volvió a desempolvar para explicar las coimas de López”. El directivo de Clarín agregó que cuando Recalde “era abogado de Armando Cavalieri en el gremio de Comercio en 1971 fue procesado y se le dictó prisión preventiva por estafa reiterada a la administración pública. Fue por un pedido de coimas a una empresa constructora. No todos somos López ni Pérez Corradi. Pero hay quienes se les parecen”.

En este caso, no se trata de un periodista que se anticipa al fallo de la justicia desconociendo la presunción de inocencia, sino que la ignora cuatro décadas después de pronunciada porque no conviene a su discurso. Como se aprecia en el facsímil, luego de ser procesado por un juez de la penúltima dictadura, Recalde fue absuelto por un juez y una cámara de la democracia en 1974 y 1975. Además, no es Recalde quien “dice que quisieron sobornarlo” sino el Tribunal Oral Federal 2, que condenó a tres años de prisión al empresario Miguel Gutiérrez Guido Spano, grabado y filmado por Mariano Recalde en el momento de ofrecerle 20 millones de dólares si en vez de eliminar los tickets canasta los extendía a todos los trabajadores. Sigue prófugo otro de los coimeros, Santiago Lynch, cuya captura pide Interpol. La condena fue confirmada el mes pasado por la Cámara Federal de Casación Penal. Recalde molesta mucho más que López porque su rectitud obstaculiza el intento de identificar política con corrupción. Según la estimación del propio Recalde, la derogación de los ticket canasta significó entre 2008 y 2015 una transferencia de 50.000 millones de pesos desde los empresarios hacia los trabajadores, la seguridad social, sus obras sociales y sindicatos. Esto es lo que no se le perdona. Se sienten más cómodos con López.