El comentario extendido en los tribunales federales de Comodoro Py es que rige una especie de estado de sitio contra cualquier fiscal, juez o camarista que no se pliegue a la persecución mediática y judicial contra el gobierno kirchnerista. En la semana que pasó, la Sala II de la Cámara Federal le ordenó al gobierno –a través de la Policía Federal– que investigue al juez Sebastián Casanello y determine si estuvo o no en la Quinta de Olivos. El magistrado ya dijo que nunca estuvo allí y que jamás habló con la ex presidenta; CFK aseguró, hasta el cansancio, que nunca se vio con ningún juez ni en la Quinta ni fuera de ella, pero los camaristas resolvieron investigar al magistrado, dándole algo de crédito al imputado. “No se registra en la historia que una Cámara se convierta en juez de instrucción”, es el comentario extendido en el edificio de Retiro. Tras cartón, el Consejo de la Magistratura sacó una resolución por la cual se hará una auditoría de las causas de corrupción y se verá así si avanzan al ritmo que ellos consideran que corresponde. Es la primera auditoría en 15 años y es un secreto a voces que está orientada contra Casanello y Rafecas. No da la impresión de que vayan a pesar atrasos en Panamá Papers o en Papel Prensa, por ejemplo: sólo se evaluarán las causas contra el kirchnerismo. Por último, la Sala II emitió un asombroso fallo ordenándole a Casanello que en la causa Báez investigue a CFK. Los juristas sostienen que de ninguna manera una Cámara le puede dar órdenes definidas a un juez. “Los magistrados no son comisarios delegados, tienen soberanía de instancia”, le dijo a este diario un magistrado de la Casación.

La mayoría de los juristas mira con estupor la caza de brujas desatada en Comodoro Py. El mayor impacto lo produjo la decisión de la Sala II de recibir dos veces a Lázaro Báez y ordenarle a la Federal que investigue a Casanello. “No hay duda de que lo persiguen porque tiene la causa de Panamá Papers, donde está imputado Mauricio Macri. Lo quieren condicionar como sea”, aseguran en el edificio. Desde el punto de vista estrictamente jurídico “no existe en el Código Procesal que la Cámara se constituya en juez instructor y ordene medidas de instrucción por su cuenta. Hubieran hecho la denuncia, la hubieran sorteado, pero pedirle al gobierno que investigue a un juez a través de la Policía Federal, es inédito” le dijo este diario el miembro de la Casación.

El Colegio de Abogados de la calle Montevideo, una agrupación tan reaccionaria que la llaman El Club de Abogados del Proceso, le pidió al Consejo de la Magistratura que ordene una auditoría para establecer qué juzgados se demoran en las causas de corrupción. Es la primera de estas características en quince años. En Comodoro Py consideran que es parte de la ofensiva contra Casanello y Rafecas, el magistrado que desestimó la denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman antes de morir. Esa decisión fue ratificada por la Cámara Federal y luego acompañada también por el fiscal de Casación, Javier De Luca. En la misma sintonía estuvieron buena parte de los juristas del país: Julio Maier, Raúl Eugenio Zaffaroni, León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra y otros.

La auditoría amenaza con ser un instrumento arbitrario apuntado contra los jueces y camaristas que no comulgan con la presión del aparato judicial del macrismo, con los ex integrantes de la escudería de Jaime Stiuso a la cabeza, con Ricardo Lorenzetti como aliado y con la orientación de Washington para castigar a lo que llaman los gobiernos populistas. Se ve en Brasil, Argentina, Bolivia y Venezuela.

Para rematar la semana, la Sala II de la Cámara Federal –sin la presencia de Horacio Cattani por motivos personales– dictó un fallo también asombroso: le ordenó a Casanello que investigue a la ex presidenta y la obra pública en la causa Báez. El texto llama la atención por cómo prejuzga: sugiere que la relación entre CFK y Báez se basa en alguna ilegalidad y que hubo irregularidades en la adjudicación de obras públicas. Los camaristas recomiendan que ese expediente se vincule también con el de José López y con el de Hotesur. Cada caso está en manos de jueces distintos y la Cámara da por acreditado lo que en verdad se está investigando. Por ejemplo, Julián Ercolini, a cargo de investigar la obra pública, todavía no dictaminó que hubo sobreprecios o adjudicaciones fraudulentas. Por otra parte, quien acusa en un expediente, el fiscal Guillermo Marijuán, por ahora no hizo vinculación alguna, con pruebas, de lo que dice la Cámara.

En realidad, la Sala II podría haber apartado a Casanello y ordenado que todo lo investigue Ercolini, porque se supone que tiene la causa en la que se origina todo, la de la obra pública. Pero no lo hizo. Es que en Comodoro Py las cosas están orientadas principalmente a presionar jueces.