“La violación sistemática, permanente, brutal e innecesaria de todos los derechos de la persona encarcelada ha aparejado en los hechos un aumento de la violencia estructural que padece la sociedad en su conjunto. Nada de la violencia que sucede intramuros deja de afectar la vida extramuros y la vida intramuros es hacinada y violenta en extremo. También indigente, escribió hace un año y medio en un trabajo académico el camarista de San Isidro Raúl Borrino, quien consideraba que en la provincia de Buenos Aires se había instalado “la mayor barbarie carcelaria conocida hasta el presente en la historia argentina”. Desde entonces la situación no ha cesado de agravarse. Cuando Borrino firmó su reflexión, el sistema penitenciario bonaerense alojaba a 22.000 personas, cuando su capacidad era de 8000 plazas. Hoy son 25.000.
Ese sistema “antijurídico y vergonzante” no logró ni siquiera “un mínimo descenso de la estadística criminal, sino por el contrario, un aumento sensible de la violencia derivada directamente de la opresión brutal que el encierro carcelario imprime al delito en ciernes”, dado que “deja sin nada que perder a los que accionan delictivamente”, dice Borrino. Su propuesta era un plan de conmutaciones y la revisión judicial de los casos que pudieran admitir medidas alternativas de contención, junto con “un activo y dinámico plan de contención social organizado por el Estado” que”sostenga al joven que deje la cárcel y distribuya también esa contención entre los que aún no la han pisado pero están en peligro de hacerlo”. El gobernador Solá alentó a trabajar en un proyecto de ley sobre esos lineamientos al Defensor de Casación, Mario Coriolano, pero luego no lo hizo propio, alegando que no pasaría por la Legislatura, controlada por el duhaldismo. Por el contrario, incrementó la tasa de encarcelamiento mediante la concesión a la policía de inconstitucionales facultades de allanamiento y detención sin orden judicial.
Esta selección racional de los casos de encarcelamiento, proseguía Borrino, “no habrá de aparejar mayor fragilidad a nuestra seguridad con relación al delito. Tal como no disminuyó el delito con el brutal sistema de encarcelamiento masivo que debe cesar sino que aumentó su violencia, tampoco habrá de aumentar con un cese racionalmente direccionado del mismo, toda vez que la masividad se alcanzó encarcelando casos de menor peligrosidad y afectación de la seguridad de las personas, cumplidos más a modo de carísimo panfleto de propaganda ideológica de un sistema de opresión y violencia funcional a intereses minoritarios de riqueza concentrada de espurio origen, que por la necesidad de evitar, prevenir o disminuir el número de delitos que afecta a nuestra comunidad”.