La Argentina ya apeló la inhibición de los depósitos militares y en las próximas horas hará lo propio con la que pesa sobre la residencia del agregado militar en Estados Unidos, argumentado que la Justicia de Maryland “no es competente” y que los bienes militares y diplomáticos son “inembargables”. Pero el Gobierno sabe que hasta que no haya un cierre definitivo de la negociación con el FMI, es posible que se sigan reproduciendo estas medidas sobre los bienes radicados en el exterior, como forma de presión. El temor oficial, no confesado públicamente, es que esas cauciones eventualmente paralicen los pagos que la Argentina tiene previsto realizar al exterior o que den lugar a impactantes medidas como la incautación del propio avión presidencial. La delicada arquitectura defensiva oficial está en manos del procurador del Tesoro, Horacio Rosatti, quien en diálogo con Página/12 admite que “se avecinan días complicados” y “por prudencia” aconseja no usar el Tango 01.
–¿Qué diferencia real existe entre la “inhibición” y el “embargo”?
–Son muy parecidos, en el sentido que ambos intentan garantizar un cobro y significan la imposibilidad de disponer del bien. Pero en ambos casos las medidas fueron apeladas a través del estudio que la Argentina contrató hace unos cuatro años para atender cuestiones de la deuda externa en Estados Unidos.
–¿Cuál es el argumento central de las apelaciones?
–Hay dos cuestiones centrales. Una es que la Justicia de Maryland no tiene competencia sobre los temas, ya que cuando se extendió la jurisdicción en la oferta de bonos (ahora defaulteados), se especificó que los tribunales competentes serían los de Nueva York. No otros. El otro eje es que, según la Ley de Inmunidades Soberanas de Estados Unidos y la Convención de Viena Sobre Bienes Diplomáticos, excluyen del universo de bienes embargables a los que están vinculados con la tarea fundamental del Estado, como los militares y los diplomáticos.
–Si las inhibiciones son previsiblemente ineficaces, ¿por qué fondos buitre apelan a esa vía?
–El sentido de buscar embargos en una jurisdicción que no es la que corresponde busca mejorar la posición relativa de un sector acreedor respecto de otros que también están buscando cobrar.
–¿Usted quiere decir que el único efecto es atemorizar al gobierno argentino pero que no comprometen la propiedad de los bienes inhibidos?
–Algo así. Los demandantes son como tábanos: quieren inquietar. A veces el monto de la caución o embargo ni siquiera tiene relación con el de la demanda o con la deuda. No importa. La cuestión es insistir especulando con que, tal vez, el Gobierno los priorice en el caso de comenzar los pagos. Buscan un impacto psicológico. En el ánimo de quienes toman decisiones.
–Si los bienes diplomáticos y militares están excluidos, ¿cuáles son los bienes que sí podrían estar sujetos a embargo?
–Forma parte de la estrategia oficial no revelarlo. Ahora bien, yo diría que, por exclusión, serían embargables los que tienen que ver con el giro comercial del país.
–¿El pago a un organismo multilateral de crédito, por ejemplo, entra en esta categoría?
–El Estado argentino tiene que asegurarse la realización de un pago directo por algunos mecanismos especiales, tal vez la confección de un fideicomiso. En cualquier caso, evitando dejar el dinero inmovilizado. Por ejemplo, puede optar por pagarle a un embajador por valija diplomática en lugar de hacerlo mediante transferencias a una cuenta.
–¿Y qué pasa con el avión presidencial?
–... (Risas.) La legislación de Estados Unidos lo equipara a un avión de guerra. Por lo tanto, no sería embargable. Pero, por si acaso, la prudencia aconseja no usarlo.
–¿El peligro es mayor si el Tango 01 aterriza en Italia o Alemania?
–Digamos que en esos países la legislación es más laxa. Pero una medida de ese tipo sería simbólica, de carácter político, aunque de escasa incidencia en la macroeconomía del país.