Por A. D.

Los nombres son demasiados. Aún no hay cifras precisas. Los datos van de 30 mil a 40 mil. Son carpetas con informes ilegales sobre las actividades, vida privada, padres, hijos, filiación política, trabajos, relaciones sociales y personales de funcionarios, políticos, abogados, jueces y periodistas, entre otros rubros. Las carpetas aparecieron en la División de Investigaciones (D-2) de la Policía de la Provincia de Santiago del Estero. El allanamiento fue ordenado por el juzgado de instrucción de René Achával a partir de un habeas data. Los legajos incluyen los nombres del obispo Gerardo Sueldo, muerto en el ‘98; del abogado Luis Horacio Santucho, del hijo del ex gobernador César Iturre y hasta del propio ex comisario Musa Azar, caído en desgracia hace cuatro meses y dueño del copyright de esa maniática máquina de espiar santiagueña.
La información secreta ocupaba íntegramente una de las oficinas del siniestro edificio del D-2, ubicado en la calle Sáenz Peña 568 en el centro de Santiago. Las oficinas formaban parte de la Subsecretaría de Informaciones manejada por el ex comisario Musa Azar desde 1995. La información compilada en biblioratos de metal habría sido elaborada, según las sospechas, por el grupo de tareas entrenado por el ex comisario y coordinado en este momento por sus sucesores del cargo.
El allanamiento fue pedido por un grupo de tres personas, entre ellos el abogado Hugo Ignacio Frola: “El operativo se concretó porque pedimos un habeas data”, le explicó el abogado a este diario. Otras dos personas, Carlos Surita y Julio Arias, de la Asamblea de Familiares de Desaparecidos, se sumaron al pedido cuando supieron que sus legajos estaban dentro de las oficinas. La confirmación la obtuvieron en el allanamiento: “En mi caso –dijo Frola, cuyo número de legajo espía es el 28.000– estaban anotadas hasta las indicaciones de mi hijo”.
Varios se llevaron la misma sorpresa. Entre ellos, el propio juez a cargo de la causa: René Achával. Frente a uno de los integrantes de la D-2 que fue el informante clave de identidad reservada, escuchó su propio nombre entre los legajos de los espiados. En un listado elaborado en 1997 y permanentemente actualizado hasta ahora, aparecen algunos de los 30 o 40 mil espiados: César Iturre (hijo) legajo 22.016; el diputado José Zavalía 6058; Javier Meneghini, ex senador de la Nación por la UCR con legajo 10.666; el legajo 18.082 de Luis Horacio Santucho, abogado del caso de La Dársena y ahora coordinador de la oficina antiimpunidad del Ministerio de Justicia; y el de Mario Bonacina, ex diputado del ARI con el número 2069.
De acuerdo con la información de Frola, que participó del allanamiento, los archivos estaban organizados por número de legajo: “En un bibliorato más chico se encontraba la forma de ubicarlos: un índice de nombres ordenados alfabéticamente”. Esta maquinaria de espionaje se mantenía activa aún ahora, cuando Musa Azar, el hombre al que se le adjudica la invención de ese mecanismo, está detenido en Gendarmería. “La actualizaban tanto –aclaró Frola– que mi carpeta estaba afuera de los cajones con una indicación que la señalaba entre las que estaban para actualizar.”
Entre los legajos hay carpetas separadas por temas, personas o casos. En ese apartado, se encontró el nombre de Juan Villalba, el padre de Patricia, una de las víctimas de La Dársena. También hay archivos de otros casos denunciados por el Obispado, entre los de gatillo fácil. El aparato de espionaje cubría opositores, pero también al oficialismo. Hay legajos de Angel Bagli, el presidente del bloque del PJ y en este momento la voz oficial de la Casa de Gobierno. Otra de las carpetas es la del archiespiado Francisco Botta, vicegobernador de la provincia y el hombre sostenido por quienes trabajan en el proyecto de transición al posjuarismo y controlado día y noche por el juarismo. Aparentemente, ese tipo de detalles también eran acopiados: “Hay algunas carpetas con recortes de diarios, y subrayados, por ejemplo con el tema de la transición –agregó Frola–. Es como si se espiaran entre ellos: el cabo al juez, el oficialismo al oficialismo”.
Al mediodía, Santucho le pidió al Juzgado Federal que intervenga en la custodia del material y de las PC de las oficinas. Una fuente del Ministerio del Interior consultada por este diario, fue todavía más clara: “Esto es grave”, y agregó: “Estaríamos empezando a hablar de cuestiones objetivas” para una eventual intervención.