El Gobierno hizo una transacción con el FMI para resolver el conflicto por la constitución del sindicato de bancos. El decreto que confirma la designación de tres entidades financieras para colaborar con la Argentina en la reestructuración de la deuda contendrá uno de los puntos centrales que había pedido Anne Krueger, pero excluirá otras demandas de Washington. La norma aceptará la jurisdicción extranjera para la resolución de eventuales controversias. Por el lado del Gobierno, el Fondo aceptó la condición de que las entidades tendrán la obligación de permanecer hasta el final de la negociación. De ese modo, no podrán ejercer la presión de abandonar las tratativas, como forma de forzar una mejor oferta a los acreedores.
El decreto, sin embargo, todavía no está listo. Desde la Casa Rosada señalaron que el texto no es responsabilidad sólo del Ministerio de Economía, sino que también debe ser analizado por la Procuración del Tesoro, la Sigen y la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia. Fue una respuesta a las quejas que Lavagna había formulado contra el ala política del Gobierno por demorar el decreto. El jefe de Economía había expresado su molestia en una reunión con economistas, el viernes pasado, y en una charla con el titular de la Cámara baja, Eduardo Camaño. El motivo para su enojo era que la tardanza abría un flanco débil frente al FMI.
Al ceder la jurisdicción, el Gobierno aceptó el reclamo principal del Fondo. En cambio, rechazó la presión del organismo para que los bancos que forman el sindicato recibieran amplias facultades para participar de la negociación con los acreedores. Merrill Lynch, Barclays y UBS, las entidades seleccionadas por el Poder Ejecutivo, “se limitarán a trasladar la propuesta oficial a los acreedores”. “Serán asistentes del Gobierno, pero no negociarán ni podrán retransmitir contrapropuestas”, indicaron desde la Casa Rosada.
El FMI pretendía que esas grandes entidades financieras tuvieran un rol más importante, de modo de ir filtrando a través de ellas las demandas de los acreedores. Serían una suerte de agentes de doble vía, en lugar de un grupo de bancos a la orden del Gobierno. Krueger planteó, desde esa lógica, que los bancos debían tener garantía de estabilidad hasta el final de la reestructuración. Kirchner no lo aceptó. Finalmente, se acordó que “Argentina respetará la estabilidad en la medida en que los bancos cumplan con las condiciones contractuales pactadas”. Es decir, el Gobierno se reserva el derecho de veto, pero debe utilizarlo “con justa causa”.
A pesar de la demora en la sanción del decreto, Krueger aceptó recomendar al directorio del FMI la aprobación de las metas. Claro que también exigió que el Gobierno sacara el decreto de inmediato. La medida debería conocerse antes del próximo día 22, cuando se encontrarán los directores del organismo para completar la aprobación de la segunda revisión de las metas.
Ayer por la tarde se especuló entre operadores financieros que el Gobierno sacaría dos decretos: uno ahora, con las condiciones generales de la formación del sindicato, y otro más adelante, con la aclaración sobre la jurisdicción. Pero, finalmente, saldría un solo decreto con la aceptación de la jurisdicción extranjera para la resolución de eventuales querellas.