Jorge “El Fino” Palacios tiene más de 30 años en la Policía Federal y en los últimos años se encargó de la Unidad Antiterrorista de la fuerza de seguridad. Recibió elogios por una supuesta mayor eficiencia en la investigación de la conducción anterior de la Delegación de Asociaciones Israelitas de la Argentina, la más reacia de las organizaciones comunitarias a romper lanzas con la ineficacia del Estado argentino en una pesquisa que ya debería haber obtenido resultados luego de casi 10 años desde la bomba contra la mutual judía. Sin embargo, el resultado más importante de los últimos meses no fue el avance decisivo en la investigación sino el apartamiento del juez Juan José Galeano. Precisamente, por morosidad.
El comisario suele decir, por eso, que cada cuestionamiento a su persona retarda la investigación sobre la AMIA. Sus oficiales afines dentro de la Policía Federal utilizan también el contraataque como defensa. Dicen que el corazón de la Bonaerense odia a Palacios porque éste habría desenmascarado a Juan José Ribelli, el famoso policía hijo del ferroviario más ahorrativo de la Argentina, y que la Secretaría de Inteligencia del Estado quiere buscarle puntos negros para tapar la ineficacia de la inteligencia oficial en la pesquisa de la AMIA.
Ciertas o no, las eventuales luchas internas dentro de las fuerzas de seguridad no logran desplazar el gran interés que provocan en el gobierno nacional éstos y otros diálogos, en especial tras el salto a la fama de Sagorsky.
Hasta ahora la defensa de los oficiales de la Federal es que Sagorsky es un “buche”, como se llama en la jerga policial a los informantes. La línea de razonamiento es que nunca los “buches” pertenecen a oficios angelicales. Si esto fuese verdad, cosa que aún está por comprobarse tanto en la Justicia como a nivel de las certezas políticas y administrativas, la duda surge del grado de permisividad hacia el delito y del límite hacia los delincuentes. Más aún cuando ninguna de las fuerzas de seguridad de la Argentina tiene el permiso de, por ejemplo, la División Antinarcóticos de los Estados Unidos, la DEA, cuyos agentes pueden traficar drogas como encubiertos dentro de un operativo.
Una de las preguntas dentro del poder político es si no se estará repitiendo en el caso de los secuestros extorsivos la misma matriz descubierta justamente con los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA. En esos casos, la hipótesis de máxima es que miembros de las fuerzas de seguridad, y en especial del sector de la policía ligado a la sustracción de automotores, fueron parte de la asociación ilícita que cometió los asesinatos. La hipótesis de mínima es que las investigaciones policiales nunca avanzaban porque a cada momento se encontraban con un negocio ilícito de autos, y no querían estropearlo. Un patrón de conducta que en el caso Blumberg se convirtió directamente en zona liberada de la o las policías para la banda.