Por E. T.
Desde San Luis

No pertenece a un partido político tradicional. Tiene su propia tribuna. Hace dos años que está radicado en San Luis. En el oficialismo puntano no dudan en señalar que el principal adversario político que hoy tiene el gobernador Alberto Rodríguez Saá es el obispo Jorge Lona. A la vista de quienes conocen a uno y a otro, no aparecen puntos de contacto, no hay lugares de diálogo que puedan desactivar el enfrentamiento que hoy la Iglesia Católica tiene con el gobierno. Desde el poder provincial afirman que el principal reclamo de la Iglesia es una cuestión de plata. Para ratificarlo dicen que durante la década pasada, cuando el obispo era Laise, hubo en cinco años unos cinco millones de subsidios. Aclaran que ese dinero fue manejado y rendido como las contabilidades mandan.
No hay que caminar mucho para encontrar los puntos irreconciliables entre Lona y “el Alberto”. El Plan de Inclusión Social, una de las principales banderas que el gobierno muestra orgulloso, es también uno de los puntos más cuestionados por la Iglesia y el Movimiento de los Laicos Autoconvocados. “El Plan de Inclusión no incluye. Es una inclusión que no da trabajo genuino, ni aporta para una jubilación. Es una inclusión que excluye a la Iglesia y otros ámbitos”, confía a Página/12 el sacerdote dominico Armando Díaz.
Lejos de esta mirada, en el oficialismo repiten que dicho plan le permitió a San Luis reducir la desocupación a un 3,7 por ciento. En el entorno de los Rodríguez Saá muestran orgullosos las cifras de desocupación y recuerdan que las expectativas nacionales pretendían reducir el desempleo a menos de 10 puntos en el año 2015. También subrayan que en este momento la media nacional ronda el 16,3 por ciento.
En el oficialismo muestran algunos resultados de este plan social. La propuesta comenzó con unos 49 mil inscriptos. Hoy, tras varias depuraciones, el universo llega a unas 39 mil personas. Los Rodríguez Saá reivindican que los beneficiarios del Plan volvieron a comer a su casa y que participan de muchas actividades productivas y comunitarias.
El último 18 de marzo, la habitual marcha que se realiza en la plaza principal frente a la gobernación terminó con destrozos. Allí se le prendió fuego a la bandera del Plan, similar a la croata. Sólo que las cuadrículas son celestes y blancas y en una de ellas está el escudo de San Luis. Los hermanos Rodríguez Saá personalmente hicieron el desagravio izando una nueva bandera del Plan debajo de la Argentina en el mástil mayor de la provincia.
En el gobierno repiten que “las cuentas provinciales están saneadas”. Destacan que la Nación le debe a San Luis cerca de “1087 millones de pesos. El equivalente al presupuesto de un año y medio”. Esta será una de las cuestiones que hoy formará parte del diálogo entre el gobernador puntano y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en una reunión que mantendrán en la Casa Rosada. Aunque el tema central es la coparticipación federal, en el oficialismo puntano aseguran que ese no es un escollo insuperable. Al gobierno provincial le alcanza con el reconocimiento de la deuda y hasta aseguran que pueden esperar un cómodo financiamiento. No será el único tema. Tal vez aparezca la interna justicialista y hasta algunas viejas quejas que los Rodríguez Saá tienen para con la SIDE.