“La idea del Presidente no era lanzar un plan integral, pero la coyuntura nos obligó a eso”, explicaba ayer a Página/12 un funcionario muy cercano a Néstor Kirchner. Las medidas puntuales que se pensaron originalmente para combatir la crisis de inseguridad mutaron hasta convertirse en el ambicioso proyecto que se presentó el lunes. Y en eso tuvo que ver la movilización que realizó Juan Carlos Blumberg y el clima que se generó a su alrededor, que no permitía salir del paso con una o dos propuestas aisladas. Por eso, ahora, la orden que recibió el ministro Gustavo Beliz es que trate de conseguir el mayor consenso posible para el plan, cuestión de no centralizar en la Casa Rosada todo el peso político de su puesta en marcha. “Porque con un plan tan amplio, si se cae una medida daría la sensación que todo el plan fracasó”, resumía el amigo presidencial.
Kirchner había trazado una línea propia para enfrentar la crisis. Su intención era tomar tema por tema –por ejemplo, las modificaciones en la policía, la creación de una fuerza antisecuestros o la reforma del fuero federal– e ir hasta el fondo. “Tiene que ver más con su estilo porque puede seguir el asunto de cerca sin perder el manejo en ningún momento”, sostenía un importante funcionario del Gobierno. Así lo hizo Kirchner, ejemplificaba, con los cambios en las Fuerzas Armadas o en la Corte.
Pero la situación llevó a que tomar uno o dos temas relativos a la seguridad por separado resultara insuficiente o, peor, que pareciera que reaccionaba por “efecto Blumberg”. Entonces, la decisión fue que todos los ítem en carpeta que se irían atacando de a uno fueran presentados juntos en un superplan. “Es un plan que tiene treinta medidas distintas y puede que alguna se trabe en el Congreso o que por algún motivo no pueda ponerse en marcha. Y ahí va a haber que salir a explicar que el plan no se cayó, que se trabó sólo una parte”, señalaba.
Con todo, en Gobierno aseguraban que el Presidente estaba muy conforme con las medidas. “Es que hay temas muy piolas como el juicio por jurados o la elección de los comisarios por votación”, sostenía el funcionario. Uno de los temas espinosos fue el de la baja de la edad de imputabilidad de los 18 a los 14 años. El capítulo fue motivo de debate en la quinta de Olivos y resultó necesario consultar a especialistas para convencerse de que se estaba haciendo lo correcto.
Un motivo de conformismo con respecto al plan tenía que ver con la convicción de que se había conseguido detener lo que en el entorno de Kirchner llaman “una ofensiva de la derecha” que, montada en la ola Blumberg, pretendía meter a las Fuerzas Armadas a trabajar la seguridad interior. Sin embargo, fue el propio ministro de Defensa, José Pampuro, quien le dio aire a esa posibilidad cuando se reunió con el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, y habló sobre la posibilidad de compartir la infraestructura castrense. “Pero eso está dentro de la ley. Kirchner se encargó de dejar bien claro los límites el lunes cuando se presentó el plan en la Rosada”, afirmaban cerca del Presidente.
Si bien no era la idea original, ahora el esfuerzo del Gobierno estará centrado en poner en marcha el plan rápido y, lo más importante, con un amplio consenso. “Queremos que el Congreso también se comprometa, no sea cosa que nosotros paguemos todo el costo si una de las treinta cosas que propone el proyecto no camina”, resumía el funcionario.