Organismos de derechos humanos se presentaron ante el juez Rodolfo Canicoba Corral para denunciar en la causa del Primer Cuerpo del Ejército a ocho represores como responsables de los delitos cometidos durante la última dictadura contra quienes estuvieron secuestrados en el centro clandestino Automotores Orletti. Las agrupaciones también solicitaron ser querellantes en la tercera megacausa reabierta por la Cámara Federal, conocida como Causa 44, en la que se investigan los hechos ocurridos en la zona comandada por el ex jefe de la Policía Bonaerense Ramón Camps.
Miguel Angel Furci, alias Pato Fillol, agente de la SIDE y apropiador de Mariana Zaffaroni Islas de 2 años. Eduardo Alfredo Ruffo, alias Zapato, acusado de secuestrar a Guillermo Patricio Kelly y de apropiarse de Carla Rutilo Artes. Ellos son dos de los ocho represores acusados por un grupo de organismos de haber violado los derechos humanos de las 102 personas que, según sus registros, estuvieron detenidas entre mayo y diciembre de 1976 en el centro clandestino Orletti. Los otros seis que figuran en el pedido de citación a indagatoria son Néstor Guillamondegui, Rubén Visuara, Eduardo Rodolfo Cabanillas, César Enciso, Orestes Vaello y Andrés Valdés.
El campo que funcionó en el barrio de Floresta, bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército, fue una de las sedes del Plan Cóndor. Allí estuvieron detenidas a cargo de Aníbal Gordon y Otto Paladino personas secuestradas en países limítrofes, principalmente en Uruguay. Por este motivo, los organismos pidieron a Canicoba Corral que libre exhortos a la Justicia uruguaya en busca de testimonios de víctimas, y que se pregunte a Cancillería, al Estado Mayor del Ejército, a la SIDE, al Batallón de Inteligencia 601, a Migraciones y a la Policía Federal si en aquella época se dieron permisos o visas para que militares de países vecinos participen en operativos en Argentina.
La Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre otros organismos, también se presentaron ante el juez federal Jorge Ballestero, pero en este caso para ser querellantes en la llamada Causa 44. El pasado 16 de marzo este expediente, en el que se investiga lo que ocurrió en la zona comandada por Camps, se transformó en la tercera megacausa reabierta por la Cámara Federal tras la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Los organismos adelantaron que si el magistrado acepta su pedido de ser querellantes solicitarán el cumplimiento de las condenas que ya habían sido dictadas para el ex médico policial Jorge Bergés, a seis años de prisión; el ex jefe de investigaciones de la Bonaerense, Miguel Etchecolatz, a 24 años; y Rubén Cozzani, a ocho.