El conflicto que disparó la crisis energética a ambos lados de la cordillera tuvo ayer una nueva ronda de declaraciones cruzadas entre funcionarios de alto nivel de uno y otro gobierno. En Chile pareció abrirse una grieta en la postura oficial. Mientras la canciller Soledad Alvear amenazó con la posibilidad de recurrir a “un arbitraje internacional” para hacer valer el acuerdo de complementación económica firmado en 1995 entre ambos países, el ministro del Interior y virtual vicepresidente, José Miguel Insulza, fue más conciliador: “Necesitamos resolver este problema y no pelearnos por él”, afirmó, y pidió un canal de diálogo permanente con Buenos Aires. Del lado argentino, en tanto, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, lamentó la “discusión perversa” generada en torno de la restricción de las exportaciones de gas a Chile.
El funcionario volvió a referirse al problema como una cuestión entre empresas privadas: “Chile no entiende que ha contratado con empresas privadas y que nosotros no podemos hacer otra cosa que hacer cumplir la ley argentina, que indica que sólo se puede vender el gas excedente tras satisfacer la demanda interna”, explicó. Y aseguró que el tratado de complementación meneado por el gobierno de Ricardo Lagos jamás fue aprobado por el Parlamento argentino, por entrar en contradicción con la Ley de Hidrocarburos, con lo cual carecería de validez legal. Esta última opinión cayó como un baldazo de agua caliente en la Cancillería chilena, que las calificó de “delicadas”.
Como es sabido, a comienzos de mes, Argentina redujo en 3,3 millones de metros cúbicos diarios sus exportaciones de gas a Chile y el sábado pasado aumentó ese racionamiento en 950 mil metros cúbicos más al día. Chile compra a Argentina el 90 por ciento del gas que consume y el racionamiento lo obligó a aumentar las tarifas de energía por el reemplazo de ese combustible por otros para las generadoras de electricidad.
La canciller Soledad Alvear es quien jugó ayer la carta más fuerte en el conflicto. “Está siempre claro que es perfectamente posible poder recurrir al mecanismo que se establece en el Protocolo de Complementación Económica, que es un arbitraje”, dijo la ministra, tras sostener una reunión de emergencia con los ministros de Economía, Jorge Rodríguez, y del Interior, José Miguel Insulza. Si Chile efectivamente solicitara un arbitraje internacional para zanjar sus dificultades con Argentina, está claro que el conflicto habría escalado notablemente, al abandonar el mundo de la dialéctica para situarse en el plano legal.
Sin embargo, Insulza fue más cauto. El ministro del Interior, que reemplaza como vicepresidente al presidente Lagos, quien se encuentra de gira por Asia, manifestó su confianza en que “la buena fe” de las partes terminará con el desabastecimiento de gas natural. “Le tengo fe a la buena voluntad de las partes. Necesitamos resolver este problema y no pelearnos por él”, señaló.
Al mismo tiempo, reconoció que “hay mucha gente (en Chile) que está pidiendo todo tipo de cosas como acudir a la Organización Mundial de Comercio o a la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi)”. Y si bien no descartó esas alternativas se mostró con ánimo negociador.
“Si es necesario hacerlo, se hará en su momento. Pero en este momento el problema es asegurar el abastecimiento de gas, saber cuánto va a ser, con cuánto vamos a contar, de manera de tomar las medidas necesarias”, afirmó. Así pidió que los recortes en las exportaciones de gas que realicen las empresas argentinas “sean conversados y realizados con nosotros, con nuestro concurso, de manera de evitar daños mayores”, aseguró.
En igual sentido, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Isabel Allende, destacó que lo importante en este momento es “no sobrerreaccionar”. La legisladora socialista, hija del ex presidente Salvador Allende, agregó que todavía “no es el momento” de recurrir a organismos internacionales de arbitraje económico y que “se debe confiar en que fructificarán las negociaciones bilaterales”.
Otro que salió a calmar las aguas fue el secretario de Energía chileno. “Creemos que se pueden reducir los costos para Chile y Argentina, en la medida en que ambos gobiernos emprendan acciones conjuntas que involucren al sector privado”, afirmó Luis Sánchez Castellón, durante una conferencia de prensa en la Embajada de Chile. El funcionario dijo, además, que estaba en Buenos Aires “trabajando para llegar a un acuerdo”, aunque admitió que existe entre ambos gobiernos “una diferencia de interpretación sobre los protocolos bilaterales”.
De este lado de la cordillera, en línea con las declaraciones del miércoles de Kirchner, distintos funcionarios negaron que el Gobierno estuviera incumpliendo el tratado bilateral del ‘95 que habilitaba a las empresas a exportar gas a Chile. “Ese convenio, por el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional, debió ser ratificado por ley para que adquiriese rango de un acuerdo entre países” y esto “nunca se hizo porque entraba en colisión con la ley 24.076, que dice que primero hay que cumplir con el mercado interno”, explicó Fernández.
La última vez que Chile y Argentina recurrieron a un arbitraje fue por problemas limítrofes, en agosto de 1991, para resolver el diferendo por el territorio de Laguna del Desierto. Trece años antes, en 1978, las dictaduras de Videla y Pinochet llevaron el conflicto por el Beagle hasta el umbral de una guerra.