A fines del año pasado, las empresas concesionarias de rutas nacionales por el sistema de peaje se retiraron del negocio, pero con unas cuantas cuestiones pendientes: demandaban al Estado alguna subvención impaga, mientras que éste les reclamaba hacer efectivo un multimillonario monto de inversiones incumplidas.
Estas cuestiones intentaron dilucidarse en la Unidad de Renegociación Contractual, donde se discuten las nuevas versiones de casi todas las privatizaciones del país. Empresas y funcionarios intentaron arrimar posiciones en ese cuerpo negociador y, según fuentes oficiales, estuvieron a punto de llegar a un acuerdo conciliador que dejaba al Estado como deudor. Los colaboradores del ministro de Planificación, Julio De Vido, tuvieron una influencia decisiva en esa aproximación que la intervención de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) finalmente dejó sin efecto: este órgano de control cuestionó la potestad de la Uniren para resolver sobre cuestiones referidas a contratos que ya no están en vigencia.
Las empresas aseguran que no está claro ahora con qué funcionario debatir estas cuestiones, siempre competencia natural de Economía y Planificación. Pero no hay ansiedad por ello. Quizás porque saben que el Gobierno ha probado ser considerado. Como cuando les permitió a las antiguas concesionarias de peaje participar en la nueva privatización de las rutas convocada en octubre pasado, haciendo caso omiso de sus millonarios incumplimientos en obra, así como del subsidio que ya se imaginaba pedirles que devuelvan.