Por E. T.

“Estamos sorprendidos con esta noticia. No registramos antecedentes”, confió a Página/12 el jefe de la policía de San Luis, Víctor Malavassi, sobre el misterioso secuestro del cadete policial Cristian Gutiérrez. El joven había sido secuestrado el domingo a la noche cerca de la terminal de micros. En el ínterin, una persona llamó a la Comisaría 6ª de la capital puntana, en la que el cadete prestaba servicios, y dijo que la condición para liberarlo era la renuncia del gobernador Alberto Rodríguez Saá, de Malavassi y de seis jefes de la cúpula policial. A las tres de la tarde de ayer el joven fue dejado en libertad. A pesar de su sorpresa, en diálogo con este diario, Malavassi subrayó que el hecho “nada tiene que ver con una interna policial”.
A la salida de su declaración ante la fiscal Mónica Spagnuolo, el cadete Gutiérrez, de 25 años, se negó a hablar con la prensa. Sin embargo, su padre contó que a su hijo “lo encapucharon (el domingo a la noche en la terminal de micros), lo tuvieron tres horas en un auto y lo llevaron a un sitio que no reconoció”. Además, reveló que lo capturaron tres personas y que “le decían que lo soltarían recién después de las renuncias”.
El joven que era intensamente buscado por la Policía Federal fue hallado cuando se dirigía en un remise hasta la casa de su abuela. Luego de los primeros llamados a una comisaría local, el viceministro de la Legalidad, Eduardo Allende, realizó una denuncia ante los tribunales federales.
El cadete “trabajaba en el marco del convenio firmado por el Instituto Universitario de Seguridad Integral y la policía de la provincia para realizar tareas de prevención y habría salido el domingo último a las 20 de cumplir servicio de la misma comisaría”, relató Allende al destacar que era “sumamente extraño” el pedido de renuncia a cambio del cadete.
La semana pasada la Legislatura provincial aprobó un nuevo estatuto para la policía y, entre el pliego de condiciones que acercaron los uniformados, también se mencionó la renuncia del jefe policial. “Me huele a apriete policial”, confió a este diario un funcionario del gobierno de Rodríguez Saá en rigurosa reserva de su nombre. Los patrulleros locales llevan desde hace un tiempo la bandera del Plan de Inclusión Social. Una cuadrícula azul y blanca que en uno de sus cuadrados blancos tiene estampado el escudo provincial. “Fueron varios los policías que se negaron a llevar la bandera. Incluso se plantaron ante sus superiores”, dijeron a este diario. “Nosotros somos subordinados de nuestros superiores. En ningún momento hubo un acuartelamiento”, confió Malavassi. Para el jefe policial “hubo un degeneramiento de la prensa”.