EL PAíS
• SUBNOTA › DIFICULTADES Y TRABAS EN LA OBRA SOCIAL
Pisando en un campo minado
› Por Martín Piqué
En la política se suele hablar de la importancia de los gestos. Oficialistas y opositores suelen hablar de ellos como uno de los rasgos principales del Gobierno. La reunión fuera de agenda que el Presidente le dedicó ayer a la interventora del PAMI, Graciela Ocaña, fue justamente una señal. Oportuna –se produjo dos días después de que el Congreso recortara su licencia como diputada– y dirigida hacia destinatarios específicos: algunos miembros del PJ, representantes de los gremios y empresarios, todos con intereses en el ámbito de la salud privada que se extiende a expensas de la obra social.
La reunión con Kirchner se realizó una semana después de que las federaciones que agrupan a las prestadoras privadas, clínicas y sanatorios (Confeclisa y Cepsal) organizaran un paro de 48 horas en reclamo de una deuda de 500 millones que tiene el PAMI. También reclamaban la actualización de la cápita por cada afiliado, aunque ese aumento (de 21,40 pesos a 25,50 por jubilado) ya había sido aprobado con anterioridad. El problema que afecta a algunas gerenciadoras (“UGP” en la jerga del PAMI) es que el cobro del incremento está condicionado a que los prestadores cumplan con una serie de puntos (al menos 26 sobre 34 exigencias) en materia de atención, higiene, cobro y cantidad de enfermeras por camas.
Aunque desde la cúpula del PAMI se intentó evitarlo, el paro de los prestadores afectó la atención a los jubilados. La historia reciente de la obra social demuestra que cada vez que se quiere avanzar sobre determinados intereses –como la licitación pública de medicamentos o la eliminación de los intermediarios (las famosas gerenciadoras)– se produce alguna protesta de los prestadores que termina afectando a los afiliados. La propia Ocaña contó, en un reportaje de Página/12, que una consultora ligada a las clínicas privadas (Adecra) le envió un fax con la amenaza de que si no suscribía un convenio por un año “evacuarían inmediatamente” a los jubilados que estaban internados en determinados sanatorios.
Esa forma de presión es muy conocida en el ámbito de la salud, sea público o privado. Dentro del PAMI conocen las internas que circulan en el oficialismo en torno del organismo con el tercer presupuesto más alto del Estado (3200 millones anuales, de los cuales 66 millones mensuales van a parar a las gerenciadoras). Ya desde antes del nombramiento de Ocaña, quienes saben cómo funciona la obra social estaban al tanto de las diferencias del ministro Ginés González García y su vice, Graciela Rosso, en este tema.
Con el desembarco de la ex ARI, Kirchner pareció apostar por un proyecto de contratación directa del PAMI y eliminación de intermediarios. Ocaña intentó avanzar en ese rumbo aun cuando entendió que adolecía de apoyo por parte del Gobierno. Una de las novedades fue la apertura de la primera licitación pública para provisión de medicamentos por 1400 millones de pesos. En el caso de los productos oncológicos, hubo dos oferentes. Pero en los medicamentos ambulatorios sólo se presentó una oferta: es difícil superar las lógicas que parecen establecidas, más cuando el PAMI representa entre el 25 y el 33 por ciento del mercado farmacéutico.
A principios de marzo, Ocaña firmó la resolución 140/04 que da por concluida la existencia de las gerenciadoras. Pero las “UGP” siguen funcionando y lo harán hasta que se apruebe el “nuevo modelo prestacional” del PAMI. Esa es la pelea más importante si se tiene en cuenta qué intereses se estarían afectando. Los médicos del sur del conurbano sostienen que el secretario de Acción Social de la CGT, Luis Barrionuevo, no sería ajeno a una de las gerenciadoras más conocidas de la zona. Por otra parte, y a modo de ejemplo de lo que suele ocurrir intramuros, el responsable de atención médica ambulatoria del PAMI, de apellido Filet, amenazó con renunciar tras las presiones que dijo haber recibido de Rubén Grimaldi, un gremialista vinculado a Hugo Moyano.
En sus ocho meses de gestión, Ocaña descubrió que le pinchaban los teléfonos, que un grupo de la Bonaerense había allanado su casa de fin de semana y que algunos sitios web le pronosticaban una salida rápida.
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