El diario La Nación de ayer puso como título principal de tapa el siguiente: “Se cuadruplicaron los secuestros en tres años”. Decía que “de los 77 casos denunciados en el territorio bonaerense en 2001 se pasó, en 2003, a 307”. Pero de los mismos datos podía sacarse otra conclusión: en el primer semestre del 2004, los secuestros bajaron respecto del primer semestre del 2003 e incluso en comparación con el primer semestre del 2002.
¿Es legítimo discutir sobre estadística cuando se habla del rapto de una persona?
El relato de Gabriel Gaita que se incluye en estas mismas páginas confirma que nada puede minimizar el horror de un secuestro ni sus efectos destructivos. El secuestrado queda sometido a la tremenda tortura psicológica de perder su libertad de manera clandestina (el único que puede quitarla es el Estado, y luego de un proceso penal justo) y dejar su suerte en manos de otros. La familia sólo puede actuar a tientas y bajo la presión de la amenaza de muerte, mientras encara una negociación que nunca tiene final cierto. Y la sociedad, o al menos de clase media para arriba, siente que el secuestro es un destino que puede ser el de cualquiera. Por eso el secuestro produce más terror que otros delitos: la falta de “reglas”, de “previsibilidad”, aunque se trate de las reglas del delito y de la previsibilidad mafiosa, pueden generar un efecto de temor social por encima incluso de la dimensión real de los fenómenos. Es más probable morir atropellado o chocando en la ruta, pero el imaginario supone que si uno sigue ciertas reglas puede eliminar el riesgo llevándolo a cero.
El de los secuestros es un problema real. Y también es real el impacto paralizante de un solo secuestro sobre los ciudadanos, así se trate de una percepción. En política, las percepciones mandan, porque la realidad política se construye también con ellas.
Por eso, en términos políticos los números suelen importar menos cuando se habla de seguridad que, por ejemplo, cuando se discute de ocupación y empleo. Pero, ¿nunca importan? Obviamente sí, y sobre todo en dos casos. Uno, para diseñar políticas concretas que tengan relación con un mapeo previo del delito. El otro, cuando los números son utilizados para dar un supuesto carácter científico a las sensaciones y, de ese modo, convertir los sentimientos en datos puros y duros. Si las cifras son incontrastables, Juan Carlos Blumberg no será sólo un padre digno de la mayor de las compasiones sino un líder munido de herramientas imposibles de refutar.
Las cifras que da La Nación muestran un salto explosivo en la cantidad de secuestros del 2001 al 2002: la cifra pasó de 77 a 277. En cambio hubo una variación mucho menor entre el 2002 y el 2003: de 277 a 307. Si se toma la estadística del primer semestre de cada año en el recuadrito que figura en la página 16 de la edición de ayer, también hay un gran salto en las cifras del 2001 al 2002: de 19 casos a 136. Pero el salto es relativamente menor entre el 2002 y el 2003: de 136 casos a 192. En cambio es significativo el descenso entre el primer semestre del 2004 y los semestres anteriores. Entre enero y junio del 2004 hubo 132 casos de secuestro. Es decir, cuatro menos que en la primera mitad del año del 2002 y 60 menos que en los primeros seis meses del año pasado.
Cualquiera podría decir que ésa es una lectura equivocada porque vale el 2001 como referencia y no el resto de los años. Pero, ¿no son más homogéneos el 2002, el 2003 y el 2004? Y, más aún, ¿no marcan las cifras del 2004 la inversión de una curva que venía en alza?
Aunque está mal discutir el dolor, porque el dolor de un secuestro no debe ser medido y el Estado tiene la obligación de terminar con la industria del rapto mientras combate el crimen organizado, es interesante debatir números y tendencias. Y ser serios. Anoche fue serio Gabriel Gaita. Cuando Mariano Grondona pidió que cada ciudadano se preparase para “una psicología del secuestro”, Gaita le dijo, práctico y sin ganas de entrar en ninguna campaña: “Yo creo que es mejor terminar con los secuestros”.