Por J. N.

Quizá la mejor manera de analizar lo sucedido en las últimas jornadas respecto del Banco Central consista en mirar otras áreas. Básicamente, examinar qué ocurre con el aparato estatal en su conjunto para que sean posibles estas incesantes rotaciones de puestos, en las que cualquiera parece apto para desempeñar cualquier función con tal de ser considerado “amigo”, es decir, no enemigo. Un caso doloroso es el de la Sindicatura General de la Nación, órgano de control clave que está para vigilar al Estado. La realidad es que hace ya mucho que en la Sigen no ocurre nada, que es un organismo dejado a la deriva. Hace rato que la Sindicatura no es noticia, porque en los hechos es inoperante. Su eficacia es tan pobre como la de la Auditoría General de la Nación, que depende del Parlamento. Si ni la AGN ni la Sigen cumplen con su estratégica misión, no hay garantía alguna de que se persiga a la corrupción. Podrá figurar como prioridad en el discurso, pero los fraudes contra el sector público no se combaten con palabras.
Miguel Pesce, ahora puesto como vice del BCRA, duró en la Sigén lo que un suspiro y, según fuentes internas que consultó Página/12, no alcanzó a hacer nada, salvo colocar como síndico general adjunto a Eduardo Prina, con quien hizo buenas migas cuando éste fue contador de la municipalidad en tiempos de De la Rúa. “Es otra designación política. La capacidad técnica no interesa”, dicen experimentados funcionarios del organismo, completamente desmoralizados.
La parálisis de la Sigén se remonta, cuanto menos, al aterrizaje de Alberto Iribarne. “Con él ya todo fue un desastre. No llegó a entender nunca lo que debía saber para conducir el organismo. Todo el manejo era pura política”, claman entre esas paredes, a una cuadra del BCRA, señalando que los problemas de la Sindicatura son infinitos, pero que los pocos que adentro quieren sacarla adelante están tirando la toalla.
El único atractivo noticioso de la repartición provino de la polémica designación como síndica general adjunta de Alessandra Minnicelli, una abogada que es esposa de Julio De Vido. Funcionarios técnicos de la Sigen aseguran que la señora “ni siquiera debe de resultarle útil al marido porque no tiene la formación necesaria”. Se ocupa, principalmente, de la veeduría en el Pami. Lo que tiene a todos muy preocupados en Corrientes y Reconquista son los numerosos fondos fiduciarios que se están montando. En cuanto a Pesce, su verdadero valedor en el Gobierno es Alberto Fernández, que era legislador porteño cavallista cuando aquel integraba el Ejecutivo capitalino. Hacía tiempo que Pesce apuntaba al Central, de modo que el jefe de Gabinete lo convenció de irse en abril a Santiago del Estero como ministro de Economía prometiéndole que el 23 de septiembre, con el vencimiento de mandatos en el BCRA, tendría su anhelada butaca en el Directorio. En el medio surgió la crisis de seguridad, el reciclaje de Iribarne y la necesidad de tapar por un tiempito el agujero de la Sigén. Pesce, siempre dispuesto, asumió el cargo ante la abulia de los circunstantes.
A su vez, la vacante que dejó Pesce en Santiago fue cubierta por José Luis D’Ipólito (que no es el tío del hipo), que fuera subsecretario de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad hasta que, al quedar envuelto en varias investigaciones, fue dado de baja por Eduardo Delleville. Sin embargo, cuando éste cesó, Pesce rescató a D’Ipólito, aunque tiempo después Aníbal Ibarra volvió a desprenderse de él. Ahora Pesce le cede su lugar en Santiago.
Allí pusieron al frente del Tribunal de Cuentas a Marisa Lila Alfiz, quien en 2000 se fue con retiro voluntario del Cuerpo de Administradores Gubernamentales llevándose un pago de 220 mil pesos/dólares. La condición era que por cinco años le estaría vedado el regreso a cualquier cargo público, nacional, provincial o municipal. Lejos de eso, Alfiz se ha hecho cargo del Tribunal de Cuentas Provincial, que es también un órgano de control, con lo que la analogía con la Sigen es elocuente.