Por N. A.

“Las situaciones de violencia en las escuelas ocurren porque los chicos están allí. No hay otros espacios que los contengan. Antes, las iglesias, los partidos políticos, los clubes convocaban a los adolescentes. Hoy, no hay lugares para ellos”, advierte Adriana Puiggrós, especialista en educación e investigadora del Conicet.
–¿Qué medidas debería tomar la escuela para enfrentar esta situación?
–Se están haciendo algunas cosas. Lo más importante es habilitar nuevos espacios escolares para que los chicos tengan dónde estar. En esos espacios debe haber especialistas en recreación y comunicación y artistas, por ejemplo, que generen actividades atractivas para los jóvenes. Además, el trabajo debe ser el centro de la actividad escolar. Cuando la educación es una actividad improductiva, el adolescente no se siente atraído. Pero este esfuerzo no debe ser sólo de la escuela, sino de toda la sociedad, incluidos los empresarios.
–¿Qué tipo de política debería impulsar el Estado?
–Debe invertir especialmente en la educación de los adolescentes. Se deben hacer modificaciones a la reglamentación de la Ley Federal de Educación. Esto debe ser inmediato. En la ciudad de Buenos Aires, en particular, hay que incorporar el trabajo al ámbito educativo. Los ciudadanos no aspiran a que sus hijos sean doctores, sino a que se inserten en esta sociedad, que tengan trabajo. Pero lo que no se debe hacer es penalizar a los menores.
–Ese es un debate que en la sociedad argentina y en el poder político sigue abierto.
–El principal problema de la Argentina es que no ha cambiado la Ley Agote. Debe dictar una ley de protección integral del niño y el adolescente y establecer normas para que los chicos cuenten con instrumentos para defenderse. Argentina es uno de los pocos países de América latina que no actualizó su legislación en relación con los niños, niñas y adolescentes y no se los protege. Hubo proyectos impulsados por Diputados y otros que se aprobaron en la Cámara baja que buscaban modificar la legislación, pero no prosperaron en el Senado.
–¿Cuál es la solución?
–Actualizar la legislación, pero no bajando la edad de imputabilidad, porque de esa forma se termina penalizando la pobreza. Nuestro país adhirió a las convenciones internacionales que protegen a los niños pero no cambió sus propias leyes. Hoy, los chicos son juzgados por jueces que deciden sobre ellos sin una normativa que regule y sin tener un abogado defensor.