El proyecto de ley de extinción de la acción penal contra militantes sociales establece, además, que los jueces que entienden en causas vinculadas a los siguientes hechos deberán disponer el sobreseimiento y la liberación de los acusados de cortes de rutas u otras vías públicas, escraches, acciones efectuadas para la suspensión de desalojos de vivienda familiar única o subasta de bienes de productores en situaciones críticas, negativa a desalojar inmuebles que sean cobijo de familias carenciadas, asambleas populares, puesta en producción de empresas o instalación de comedores comunitarios, cualquier tipo de movilización en defensa de la salud pública, la justicia, la educación y los derechos sociales y humanos, movilizaciones contra despidos o demoras en las retribuciones, protestas estudiantiles, paros, huelgas, ollas populares, agitaciones de ahorristas y movilizaciones por la independencia o autonomía nacional, así como en solidaridad con otros pueblos, entre otros hechos.