Una de las herramientas para contrarrestar la falta de pago de las cuotas alimentarias es el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, que ya funciona en la mayoría de las provincias de la Argentina. Al aparecer en esta base, a los deudores se les prohíbe habilitar un comercio, sacar un crédito o la licencia de conducir. Las limitaciones desaparecen cuando la persona se pone al día con el pago de las cuotas. En la ciudad de Buenos Aires, la primera jurisdicción donde existió esta base de datos, el 56 por ciento de los deudores de alimentos para sus hijos son profesionales, empresarios o comerciantes, lo que significa “que son personas capaces de afrontar los pagos”, explicó a Página/12 el director de Justicia y Registro porteño, Alejandro Rabinovich.
Los ejemplos que dan testimonio del número de deudores que, sin embargo, son capaces de pagar las cuotas, no escasean: “Este año recibí la visita a mi oficina de un empresario que estaba furioso porque no podía participar de una licitación del gobierno porteño, dado que aparecía en el Registro de Deudores Alimentarios. ‘Por su culpa, me estoy perdiendo millones’, me dijo enojado. El hombre, finalmente, se puso al día con el pago de las cuotas para sus hijos con el objetivo de poder participar en esa licitación”, contó Rabinovich. En la ciudad el registro comenzó a funcionar en agosto de 2000 y, actualmente, figuran 1230 deudores, de los cuales 1221 son hombres. En cambio, la provincia de Buenos Aires, donde el registro se inició a finales de junio de este año, fue una de las últimas jurisdicciones que incluyó esta herramienta.
Tanto en la ciudad como en la provincia, los morosos pueden ser inscriptos en el registro a pedido de la Justicia, una vez que adeudan tres cuotas consecutivas o cinco alternadas. De todas formas, para que una persona pueda pedir que inscriban al deudor en el registro debe haber un juicio o acuerdo judicial previo que ordene el pago de esa cuota. El pedido formal para que el moroso sea inscripto debe ser realizado primero a un juzgado, para que éste le dé curso a la solicitud ante el gobierno de esa jurisdicción. El deudor, luego, es notificado de su aparición en esta base.
Rabinovich, a cargo del registro en la ciudad, reconoció que “falta difusión de la existencia de esta herramienta en el ámbito judicial porque hasta los mismos abogados especializados en familia o minoridad, muchas veces, desconocen este registro. La medida tiene efecto, pero necesita mucha publicidad”.
La falta de difusión entre los mismos integrantes del ámbito judicial se traduce en la cantidad de personas que acuden a esta herramienta. En territorio bonaerense hay más de 9000 demandas iniciadas por alimentos y de todos los reclamos vinculados al fuero de familia estas demandas ocupan el primer lugar. Pero, hasta el momento, sólo unas 50 personas aparecen en el registro provincial creado en junio de este año. En Capital Federal este fue el año en que mayor cantidad de personas pusieron sus cuentas al día: en los primeros nueve meses de 2004 hubo 37 altas, mientras que en 2003 habían habido 31. Pero si se toma en cuenta que el total de los morosos supera los 1200, el porcentaje de los que revierten su situación no alcanza el 10 por ciento.
Una vez que el deudor aparece en el registro, se le prohíbe sacar la licencia de conducir, habilitar un comercio, sacar un crédito o una tarjeta en los bancos oficiales, o presentarse a una licitación impulsada por la jurisdicción donde fue registrado. En la ciudad, además, realizan actualmente un sondeo para verificar que ninguno de los empleados contratados por el gobierno porteño sea deudor alimentario. “Tampoco puede ser legislador ni tener un cargo jerárquico. La ciudad no puede tener relación jurídica con deudores”, explicó Rabinovich.
Como en todas las legislaciones vigentes, siempre hay quien busca la trampa. Fuentes del Ministerio de Justicia de la provincia, la dependencia de donde depende el registro, manifestaron a este diario que se baraja la posibilidad de que se cree “una base de datos que cruce la información detodas las jurisdicciones, porque muchos deudores se mudan y el distrito donde está registrado no tienen más competencia”. Es que las limitaciones ejercidas sobre el moroso sólo se pueden implementar en la jurisdicción donde está registrado. Por este motivo, las fuentes recomendaron que el deudor sea anotado en todas las bases de datos del país donde figuren los registros de deudores alimentarios. “Así se trata de que la persona evite el fraude al moverse de jurisdicción. Hubo casos en que los morosos que vivían en Capital Federal iban a sacar la licencia de conducir a Avellaneda”, lindante con la ciudad, detalló Rabinovich.
Con esta medida, “no se busca perseguir a alguien, sino defender a los niños que se encuentran afectados por la falta de la cuota alimentaria”, dijo el funcionario. Cuando comenzó a funcionar esta medida hubo un “aluvión” de inscriptos. En 2001 y 2002, la cantidad de ingresantes a esta base disminuyó. Y el año pasado comenzó a repuntar: en 2003 hubo 193 inscriptos y en lo que va de 2004, se incluyeron 165 nuevas personas. También se detectan “picos” de cumplimiento: en junio de este año hubo 17 personas que salieron del registro por ponerse al día con los pagos, “una cifra a la que nunca habíamos llegado en un mes”, sostuvo Rabinovich.

Informe: Maricel Seeger.