–El fiscal Guillermo Marijuán ha denunciado una serie de hechos de corrupción con los planes, como el de beneficiarios que son empleados municipales o integrantes de fuerzas de seguridad. ¿Que medida de control se va a tomar en el traspaso?
–Nosotros tenemos por primera vez un registro único donde se cruzan los planes nacionales y provinciales. Antes una persona podía tener un trabajo en el Estado y cobrar un plan Jefes y Jefas de hogar y eso no se cruzaba en ningún lado, pero hoy sí. Por otra parte, en el traspaso va a intervenir un centro orientador donde vamos a trabajar con la situación real de las familias, no sólo vamos a tener una ficha sino que va a haber trabajadores sociales ocupándose del tema, y ahí vamos a tener una cercanía más clara respecto de cada cual. Hay que tener en cuenta que la inscripción en el Jefes de Hogar se hizo a las apuradas, en medio de la emergencia, y en cambio nosotros con este proceso, a medida que vayamos implementándolo provincia por provincia, vamos a tener una situación real de cada familia. Esto va a ser inédito porque nunca hubo en la Argentina una política social que se basara en datos reales de cómo vive la gente.