Por H. V.

El capítulo titulado “El Estado ilegal” es un inventario de las aberraciones que se practican sobre las personas privadas de su libertad, capaz de deprimir a la persona más optimista. “Torturas, palizas, asfixia por submarino (inmersión forzada de la cabeza en el agua), aplicación de descargas eléctricas, golpes en las plantas de los pies con objetos contundentes, duchas heladas a la madrugada, música funcional a todo volumen. En las distintas cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense el sistema se repite: hay un lugar para hacerlo y un método. Todo el personal está involucrado y participa de alguna de las etapas. Todo el procedimiento está dirigido por las máximas autoridades de cada penal.”
Quienes denuncian los hechos reciben amenazas de muerte, que en demasiados casos se han cumplido. La amenaza se extiende a sus familias. La vida de un preso vale una caja de pastillas, como dijo el subjefe de un penal, en alusión al tráfico ilegal de drogas que el Servicio maneja en las unidades. “La caja de pastillas aparece reiteradamente en las denuncias, ya que se menciona como el pago que se le hace a un preso por matar a otro marcado por el SPB.” En algunas unidades, los penitenciarios entregan pastillas a los presos más inquietos, sin orden ni control médico, para plancharlos. En otros, organizan la comercialización de marihuana y cocaína. El capítulo dedicado a los negocios de las prisiones reproduce la denuncia formulada por el ex funcionario del Ministerio de Justicia Juan Manuel Casolati, que le valió su alejamiento de la secretaría de derechos humanos, a cargo de Remo Carlotto. Los lectores de este diario ya la conocen. Casolati reprocha a la fiscal Virginia Bravo no haber secuestrado los libros contables y la documentación probatoria. El capítulo referido a la responsabilidad de la justicia fue preparado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, entidad que hace tres años presentó un recurso de hábeas corpus colectivo por la situación en las cárceles ante la justicia platense. Rechazado en todas las instancias provinciales, el CELS recurrió la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El ex procurador General Nicolás Becerra dictaminó en forma favorable y la Corte convocó a una audiencia para el mes próximo al gobierno provincial y al CELS. El informe sostiene que la incomunicación de los detenidos y los interrogatorios policiales favorecen la tortura, dado que la justicia avala las denominadas “declaraciones espontáneas”. La Suprema Corte provincial dispuso que cuando el detenido se retracta ante el juez y denuncia haber firmado bajo torturas, debe abrirse una causa judicial, pero la validez de la declaración se mantiene. La justicia provincial no debería aceptarlo hasta que esa investigación demostrara que las torturas no se produjeron, dicen el CELS y la Comisión Provincial por la Memoria.
En un capítulo coordinado por Carlos Sánchez Viamonte, el informe señala que sólo el 30 por ciento de los jueces, fiscales y defensores, cumplieron con la obligación que les fijó la Suprema Corte de informar al Comité contra la Tortura sobre todos los casos de apremios ilegales, homicidios y torturas en cárceles y comisarías. Aun así el registro incluye 3500 casos, es decir “3500 personas que se animan, en medio del clima de amenazas y terror a denunciar ante defensores o fiscales los maltratos y vejámenes de que son objeto”. El alto número de causas archivadas sin investigación muestra “la dificultad para conseguir pruebas, en medio de pericias médicas realizadas por personal de las mismas fuerzas de seguridad” y forma parte de “un clima de época que parece naturalizar los apremios ilegales como parte de la relación de los miembros de las fuerzas de seguridad con los detenidos, como si formara parte de las reglas de un mundo que está más allá de la ciudadanía de la Constitución, de los derechos y garantías”.