En el anteproyecto de las reformas anunciadas el pasado domingo se incluye la privatización encubierta del Banco Nación. Con el argumento de reestructurar la banca pública se propone la creación de un “Banco Nacional” bajo la forma de una sociedad anónima, sin aclarar qué participación tendrá en ella el Estado. A esta SA deberían aplicarse todos los activos y pasivos del Banco Nación. En el Congreso se decidió desarmar por ahora el megaproyecto y tratar sólo el capítulo referente al canje de depósitos por Bonos.
El proyecto original de reforma de la banca pública fue redactado en el Banco Central. En su afán de apurar el acuerdo con el FMI, el Ministerio de Economía lo dejó pasar. Para los directivos de la banca pública consultados por este diario, “funcionarios de segunda línea del Central bajaron al papel los reclamos del FMI” mientras desde el “Economía miraban para otro lado”.
Desde que comenzó a debatirse la necesidad de reestructurar el sistema financiero luego de su colapso, el capítulo del destino de la banca pública ocupó el centro de la escena. Aunque el problema del colapso sistémico es nuevo, las posiciones en pugna son las de siempre: quienes realmente aspiran a una reestructuración de las entidades estatales y hasta quienes consideran que el Estado no debe controlar ningún segmento de la banca y limitarse sólo a su supervisión. El FMI se cuenta entre los segundos.
Según el capítulo 6 del megaproyecto anunciado el domingo el Poder Ejecutivo deberá “disponer la creación del Banco Nacional, bajo la forma de sociedad anónima, e invitar a las provincias y municipalidades a participar como accionistas del mismo”. Para tal fin se deberá disponer la “afectación de activos y pasivos del Banco de la Nación Argentina, del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. y de otros bancos propiedad de estados provinciales y municipios que adhieran a la iniciativa de creación del Banco Nacional”.
Si bien el proyecto habla de la conformación de una sociedad anónima, no establece si el Estado tendrá o no la propiedad mayoritaria del paquete accionario. Sin embargo, la historia de las privatizaciones argentinas muestra que no son pocos los casos en que la constitución de una S.A. fue un paso previo necesario. Ello ocurrió con YPF y el Banco Hipotecario, entre otras empresas.
En cuanto a la fusión con el BICE, resulta de alguna manera redundante, pues se trata de una firma creada en 1991 que ya pertenece al BN en un 50 por ciento y en otro 50 al Ministerio de Economía.
Consultados sobre el proyecto distintos representantes de la banca pública manifestaron su disconformidad. Oscar Cuattromo, director del Banco Provincia, se manifestó “totalmente en contra del proyecto” y se mostró satisfecho con la decisión de los legisladores de desarmar el megaproyecto. La reforma del sistema financiero y de la carta orgánica del BCRA son asuntos “demasiado gordos” para tratarlos en una ley ómnibus. “Basta de leyes ómnibus que con la excusa de que son demandas del FMI hacen pasar cualquier cosa”, expresó.
La reestructuración surgida de la propia banca pública en la que trabajaron principalmente los hombres del Banco Provincia era muy distinta a la del “Banco Nacional”. Según detalló Cuattromo a Página/12 la propuesta consiste en la creación de una nueva entidad de segundo piso ciento por ciento estatal denominada Banco Federal. A este BF se integrarían voluntariamente, además del Nación, todas las entidades públicas, pero preservando su individualidad. Su tarea consistiría en aprovechar sinergias, coordinar acciones y articular empresas para evitar superposiciones. El Nación y el Provincia ya trabajaron en esta línea en el sector seguros.
Aunque no faltan quienes argumentan que en un contexto en el que muchos bancos evalúan la posibilidad de abandonar el mercado local, difícilmentehaya interesados en el BN, vale la pena recordar que el BN, además de ser el banco número 1 del país en cantidad de sucursales, es, vía las garantías de una parte significativa de sus cartera de créditos, el principal propietario territorial de la Argentina.