Los discursos eran traducidos del español al chino o viceversa, recaudo imprescindible para evitar la maldición de Babel. El trámite los tornaba lentos y monótonos. Los oradores pronunciaban una frase y esperaban pacientes la versión en un idioma del que no entienden ni jota. Julio De Vido arrancó respetando esa pauta pero, en un momento, se entusiasmó y se mandó una tirada de largos diez minutos desgranando anuncios. No le dio baza al traductor, quien debió esperarlo hasta el final. Acelerado, el ministro de Planificación también olvidó la sutileza retórica de hablarles a los anfitriones y a los visitantes e interpeló exclusivamente a los argentinos. Seguramente tributó a su euforia, que era el mínimo común denominador de la primera línea del Gobierno, convencida ayer de que había dado vuelta una página de la historia.
En la Rosada nadie se privará de resaltar que efectivamente China invertirá 20.000 millones de dólares, confirmando los anticipos oficiales. Se supone que lo hará desgranado en diez años. A esta altura, los números deben tomarse con cautela, pues es básico esperar a que se desate el paquete y se conozca en su totalidad.
También será necesario saber cómo se implementarán inversiones que atañen al sector público y que pueden requerir procesos licitatorios. El actual gobierno hace un culto de su honestidad, promover un haz de negocios de costos siderales no le alcanzará para sustentar su reputación. Necesitará acreditar asimismo transparencia e igualdad de oportunidades. ¿Se pueden concretar por adjudicación directa todos los negocios mencionados a granel? Si hay licitaciones, ¿cómo garantizar que no se hagan “a medida”? Las cartas de intención conocidas ayer a la noche son, como es de estilo, por demás escuetas y no dan cuenta del modo en que se implementarán los acuerdos. De Vido repitió insistentemente que se harán “conforme lo permite la legislación argentina”, que no suele ser muy laxa en materia de adjudicaciones directas. Tras el debate sobre los superpoderes y la emergencia económica, la oposición, que suele afincarse en discusiones institucionales, sin duda saldrá a tratar de limitar las facultades del Ejecutivo. O a cuestionar la “entrega”, tout court.
Todo sugiere una polémica en ciernes para los días que vienen. Estará signada por una tendencia de época: salvo en lo atinente a Juan Carlos Blumberg, la agenda pública la pone el Gobierno, aun cuando se equivoca.
Primer round: Allende las precisiones en cifras, hay una primera discusión que el Gobierno gana con la mera existencia de los acuerdos. Es aquella que libra contra la derecha económica más cerril, que viene pregonando desde el default que no habrá inversiones. Primero lo desmintieron los capitales argentinos, incluidas las Pymes, cuyo despegue en 2003 y 2004 sorprendió incluso a los funcionarios más fervorosos del Gobierno. Y ahora, más allá de la (necesaria) precisión acerca de la plata que traen los chinos, es claro que se trata de una inversión de cierto rango, que no esperó a la salida del default.
Un secretario en ascenso: La liturgia, ya se sabe, suele ser tanto o más didáctica que el dogma. Las presencias o ausencias en los actos públicos son indicativas de alzas y bajas en el Gobierno. La mesa de funcionarios argentinos que emitió los anuncios estaba integrada por el presidente Néstor Kirchner, por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, por De Vido, por el secretario general, Oscar Parrilli, y por el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Nadie de Economía, un dato. Y un secretario dependiente de De Vido, Jaime, que suele tener diálogo directo con Kirchner, cuya presencia “para la foto” seguramente premia algo que Página/12 comentó el domingo, su rol protagónico en la articulación de acuerdos con los orientales.
Puntos suspensivos: Las lacónicas cartas de intención dejan puntos suspensivos importantes que habrá que desentrañar con el correr de los días. Por ejemplo, quién pagará las 300.000 viviendas sociales que se pretende edificar, cuyo monto estimado (20.000 dólares por unidad) no suena tan “social” en la Argentina actual y es más elevado que el de las que se están construyendo actualmente.
Tampoco queda nítida cuál será la contrapartida de las inversiones para exploración off shore que se consorcian con Enarsa. Es que las contrapartidas, en general, son la referencia faltante de la mayoría de los convenios. Se reproduce así el enigma suscitado con los anticipos que fue goteando el Gobierno. En un país acostumbrado al saqueo de los inversores extranjeros, la mera enunciación de cifras impactantes no bastará para despejar dudas que no brotan sólo del escepticismo sino también del costumbrismo argentino.
Una mirada a vuelo de pájaro, la única que puede hacerse con tantos puntos suspensivos, revela un dato sugestivo que es que las inversiones no reproducen linealmente la invasión europea de los ’90. En aquella época la parte del león fue la compra de activos públicos con clientela cautiva, en ésta es la infraestructura, aquello que en los buenos tiempos (el pasado desarrollista que añoran casi todos los políticos nacionales y populares locales, Kirchner incluido) se llamaba obra pública.
La única verdad es la realidad, cuentan que decía Juan Perón. En rigor, fue una frase que escribió Rogelio Frigerio, quien a su vez la tomó de Hegel. Nada es seguro en este país, ni la paternidad de una frase. Lo cierto es que las inversiones chinas existen, que su monto preciso se irá develando en días, meses o años, que los anuncios de ayer omiten datos relevantes y que las inversiones argentinas en los diez años que vienen serán muy superiores aún al anuncio de ayer. También es real que el Gobierno está convencido de haber dado un paso gigantesco en pos de la recuperación económica. Para sopesarlo en plenitud habrá que tener paciencia, sabiduría que los argentinos solemos atribuir a los chinos, esas gentes de quienes casi todo ignoramos y que acaban de desembarcar en esta tierra.