En alguna medida, las relaciones de Argentina con España replican las contradicciones que caracterizan al singular vínculo que el país sostiene con Brasil, su principal socio del Mercosur. Tanto en un caso como en el otro, existe entre las administraciones de gobierno una afinidad política manifiesta que aplaca pero no diluye los conflictos económicos que se generan en el área comercial o de inversión.
La visita del presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo lugar un día después que Repsol anunciara un ambicioso programa de inversiones en el territorio nacional por 1200 millones de dólares. Sin lugar a dudas, la oportunidad del anuncio lo transforma en un explícito espaldarazo al gobierno de Néstor Kirchner, más allá de cómo se concrete realmente y cuál sea el verdadero impacto que pueda tener aquel desembolso de dinero en la economía real.
Sólo por citar un ejemplo, aún están pendientes casi la totalidad de los 3500 millones de dólares que la petrolera había prometido invertir en Loma de la Lata bajo el comando de Alfonso Cortina, antes de que expirase la gestión de Fernando de la Rúa. Aun así, la nueva promesa inversora de Antonio Brufau, actual presidente de Repsol, abona de modo eficaz el buen clima entre los dos gobiernos, que se profesan una simpatía impensable con la del ex jefe de gobierno español, el conservador José María Aznar.
El flamante anuncio de Brufau está en línea con otros compromisos menos ostentosos que también asumieron firmas de origen hispano, Endesa (accionista de Edesur, entre otras firmas eléctricas) o Telefónica de España, operadora de red fija y de celulares, entre ellas. Ambas pertenecen al núcleo de las privatizadas con las que el gobierno argentino mantiene abierto un pleito desde que se pesificaron y congelaron las tarifas, conflicto que Argentina aspira a resolver por la vía de la renegociación contractual.
A pesar de las dificultades para aplicar reajustes tarifarios con los laxos criterios que regían antes de la devaluación, ninguna de estas dos empresas dejaron de tener una buena facturación que sigue haciendo su negocio en Argentina tan atractivo como lo era cuando proyectaron su negocio. Mejor aún fue la suerte de la inversora Repsol, que por balance acusa millonarias utilidades a pesar de “castigo” de las retenciones a las exportaciones.
Es más. A través de demorados dictámenes de Defensa de la Competencia, el gobierno local podría favorecerlos adicionalmente con algunas gentilezas que difícilmente sean motivo de anuncios. A pesar de las pruebas para disponerla, aún está pendiente una pena contra Repsol por vender en el mercado interno gas licuado a un precio mayor al que lo exporta. Tampoco hubo ningún pronunciamiento que le impidiera a Telefónica consagrarse como líder de la telefonía celular a través de la fusión de Movicom con Unifon, dos empresas de las cuales es accionista.
Aun así, las empresas españolas no están dispuestas a bajar la guardia. Prueba de ello es que Telefónica hizo gestiones para reactivar la demanda por 2500 millones de dólares que presentó ante el Ciadi, tribunal arbitral del Banco Mundial, por la presunta pérdida que le habría ocasionado la desdolarización de sus tarifas. Algo similar a lo que hicieron otras accionistas de origen ibérico.