“Si la jueza (María Angélica Crotto) consideró que (Omar) Chabán era garante de la seguridad en el local, ¿qué queda para el Estado?”, se preguntó la abogada María del Carmen Verdú, patrocinante de la familia de Fernando Aguirre, de 19 años, fallecido en la tragedia de Cromañón. La letrada opinó que a los investigadores del caso “les sigue preocupando exclusivamente el particular”, y aún no han evidenciado voluntad de avanzar en las responsabilidades de los funcionarios, ya sea de la ciudad como de la Nación. Al opinar sobre el procesamiento dictado por Crotto al empresario Chabán, Verdú destacó que “la jueza precisó que ella es la ‘directora del proceso’, pero a algunos familiares la información de la causa les llega a través del Ministerio de Interior y esto es una injerencia de un poder en otro”. Por otra parte, la abogada explicó a Página/12 que, más allá de que la querella haya sido unificada provisoriamente en la representación del abogado José Iglesias, se han conformado grupos que insistirán más adelante en ser aceptados para actuar en la causa por separado, según las distintas acusaciones que formulen. “Todos dicen que quieren la cabeza de (Aníbal) Ibarra pero sólo un grupo lo imputamos explícitamente cuando nos presentamos en el juzgado”, ejemplificó.