La advertencia de Roberto Lavagna sobre los riesgos inflacionarios de un aumento salarial generalizado en este momento no colisiona con la visión de Néstor Kirchner ni con la de Carlos Tomada. Ninguno de los dos lo desautorizará en su enfrentamiento con Hugo Moyano y otros sectores sindicales que se involucraron en la pelea, como Víctor De Ge- nnaro de la CTA. El Presidente acepta la explicación del ministro de Economía de que el alza de precios observada durante el verano acabará pronto si se envían las señales adecuadas. Esas señales están dirigidas tanto a los empresarios, para que se abstengan de nuevas remarcaciones, como a quienes presionan por una recomposición salarial universal en función de la inflación. El boicot a Shell y Esso, convocado por Kirchner, forma parte de las primeras.
La otra línea de trabajo para parar la inflación son los acuerdos sectoriales que firmó Economía en las últimas semanas: carne vacuna, pollos y lácteos. Esa estrategia continuará con otros convenios con sectores sensibles de la alimentación (harinas, aceites, bebidas) y con productores de artículos de limpieza y tocador. El eventual aumento de las retenciones a las exportaciones se utilizará como herramienta de presión para que los empresarios –en particular, los de la carne– cumplan con lo pactado y trasladen las rebajas a los consumidores.
La versión de Lavagna es que la escalada inflacionaria del verano se debió a una combinación de factores: aumentos de precios estacionales y algunas situaciones puntuales que no volverán a repetirse. Entre los primeros figuran las subas en turismo, carne y lácteos. Las segundos son los ajustes postergados en servicios (garajes, prepagas, peluquerías) y la recomposición de márgenes de ganancia de comercios minoristas, que habían quedado muy rezagados en relación con los precios mayoristas.
Ninguno de esos elementos reaparecerá en los próximos meses, afirman en Hacienda. Además, dicen, la liquidación del impuesto a las Ganancias durante abril y mayo enfriará naturalmente la economía, como ocurrió el año pasado. La conclusión del equipo económico es que la disparada inflacionaria terminará en marzo, salvo que alguien le dé un nuevo envión a la rueda. “La clave es evitar que una aceleración coyuntural de precios, como la que tuvimos, se traduzca en conductas permanentes”, insisten cerca de Lavagna. ¿Cómo ocurriría esto último? Con un aumento salarial generalizado que convalide las remarcaciones pasadas y habilite otras a futuro.
Kirchner y Tomada encuadran en ese contexto las declaraciones de Lavagna al Financial Times, en las que alertó sobre riesgos de “hiperinflación o, al menos, de una inflación muy alta” si se ajustan los salarios de manera universal. Por otra parte, el jefe de Economía sostiene que debe evitarse la receta ortodoxa para combatir la inflación. Es especial, dejar que baje el dólar. El Presidente lo respalda.
En la Casa Rosada aseguran que el Gobierno no resignará su objetivo de mejorar la distribución del ingreso, pero en este momento es conveniente no hacer olas. Eso quiere decir que no habrá incrementos de suma fija por decreto hasta corroborar que la inflación volvió a niveles aceptables. Si todo sale como debería, el Ejecutivo reactivará su política de ingresos hacia mitad de año, ya más cerca de las elecciones de octubre.
La única excepción sería la conversión en remunerativo del aumento de 100 pesos concedido como suma fija por el Gobierno desde enero pasado. La cartera laboral analiza la cuestión en este momento y podría decretarlo el mes que viene. El único reparo de Tomada es que Lavagna pretenda quedarse con el manejo de la política salarial, recuperando el terreno perdido en las últimas discusiones sobre el tema. Pero cerca del primero niegan que haya sido la cartera laboral la que promovió las negociaciones entre la CGT y la Unión Industrial que tanto irritaron a Lavagna.Tomada tampoco auspicia aumentos generalizados en este momento. Su política es incentivar las negociaciones paritarias, para que cada sector ajuste sus salarios de acuerdo con su realidad particular, y avanzar con la suba del salario mínimo –que repercute incluso sobre los trabajadores en negro– en el marco del Consejo del Salario y el Empleo.