La titular del ARI, Elisa Carrió, declaró ayer a la Justicia que los fondos destinados al presunto pago de sobresueldos también provenían del sector privado. En su primera presentación en la causa, la dirigente aseguró que el ex presidente del Banco Central Roque Maccarone le reconoció “que el gobierno de Carlos Menem obligaba a las empresas a hacer aportes mensuales para el pago”.
La dirigente reiteró las declaraciones que dio el miércoles sobre la participación del sector privado, que –agregó– en caso de confirmarse, haría derivar el caso en “una megacausa de asociación ilícita”. “Lo más grave es que si los empresarios contribuían y obtenían concesiones, privilegios y negocios del Estado, en realidad el Estado era cómplice del saqueo de Argentina”, evaluó. Sin dar nombres, Carrió subrayó la necesidad de que se investigue en particular esta cuestión: “No es lo mismo decir ‘Yo tengo fondos reservados, cobro y declaro’, como dice María Julia, que recibir esos fondos de empresas que ella controlaba y con las que hacían licitaciones o negocios”.
Asimismo arremetió contra algunos de los funcionarios del actual gobierno que también ocuparon cargos durante la década del ’90: “Seguro estaban Felipe Solá, Martín Redrado y otros que estaban sujetos a este sistema de sobresueldos. No son distintos, salvo que hayan nacido de nuevo por el hecho de pertenecer al gobierno de Kirchner”. Si bien aseguró desconocer si la práctica continúa vigente, el entorno del patagónico también fue blanco de críticas: “En seis informes del Instituto de Transparencia, denunciamos la altísima corrupción en el Ministerio de Planificación y la falta de control en fideicomisos y en precios de licitaciones públicas. Todo esto lo concentra Julio De Vido”.