En la provincia de Buenos Aires la Iglesia salió a enfrentar ayer el recorte de los aportes estatales a la educación privada. Es que el gobierno de Felipe Solá anunció hace una semana una rebaja del 10 por ciento de los fondos que se otorgan a casi 3500 establecimientos de gestión privada, que incluyen un gran número de escuelas y colegios religiosos. “La medida afectará sin duda las partidas destinadas al pago de salarios, y pondrá en riesgo la existencia misma del sistema: no podemos aceptarlo de ninguna manera”, aseguraron ayer, en una carta al gobernador, los obispos bonaerenses.
El 14 de mayo, el ministro de Economía bonaerense, Gerardo Otero, y el director general de Cultura y Educación, Mario Oporto, informaron a los responsables del Consejo de Educación Católica de la diócesis de Buenos Aires que, debido a la crisis fiscal, se recortaría el 10 por ciento de los 530 millones de pesos que anualmente se destinan a la educación privada. Según confesó el propio Oporto a Página/12, “la noticia no cayó nada bien porque existen 1500 escuelas privadas católicas, y muchas de ellas reciben subsidios debido a que trabajan en zonas humildes”. En la provincia de Buenos Aires hay 5349 escuelas de gestión privada, y el 65 por ciento (3437) recibe subsidios por parte del gobierno, que son utilizados para pagar total o parcialmente el sueldo de los docentes.
“Hemos sido sorprendidos e impactados por el anuncio de que el gasto correspondiente a la educación será severamente cercenado, y que esta medida alcanzará a la educación privada en un 10 por ciento”, le escribió ayer el arzobisbo Héctor Aguer, en nombre de 18 obispos de la provincia de Buenos Aires, al gobernador Felipe Solá. La carta también denuncia que las instituciones católicas “ya han venido soportando situaciones irregulares, algunas de ellas claramente discriminatorias. Se han recortado unos aportes y se adeudan otros imprescindibles para continuar aplicando la transformación educativa impuesta en la provincia”. Además de destacar que “todo ello ha sido sobrellevado con excesiva paciencia” los representantes episcopales insistieron en que “ya se nos ha aplicado el ajuste del que ahora se habla y esa medida se ha prolongado en el tiempo, perjudicando seriamente nuestros servicios, e imponiendo a nuestras comunidades sacrificios que no es posible agravar”.
Por su parte, el director general de Cultura y Educación, Mario Oporto, se mostró preocupado ante la posibilidad de que las instituciones privadas afectadas puedan bajar los salarios de sus docentes. “Algunos dueños de escuelas dicen que debido a la crisis económica no van a poder absorber la pérdida del subsidio, y que la única solución es bajar los sueldos. Nosotros esperamos que esto no se efectivice”, declaró el funcionario a este diario. Y agregó que “no queremos perjudicar salarios, pero tenemos fuertes restricciones presupuestarias y la educación pública ya ha sufrido bastante”. En cuanto al conflicto con los obispos, Oporto afirmó que “la situación se va a solucionar mediante el diálogo, aunque deben comprender que ellos sólo representan una parte de la educación privada que se verá afectada”.
El reclamo de la Iglesia coincidió con la protesta de los docentes bonaerenses contra la rebaja salarial que comenzaron a sufrir ayer. Afiliados al Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (Suteba) rechazaron ayer con marchas y actos en La Plata y Mar del Plata la quita de bonificaciones por ruralidad y zona desfavorable a miles de maestros.