Después del fallo que invalidó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, la Corte Suprema decidió hacer otro gesto a favor del avance de las causas sobre derechos humanos: tendrá de ahora en más una secretaría especial para analizar esos expedientes. Así lo decidieron los supremos en base a una propuesta del presidente del tribunal, Enrique Petracchi. En una acordada firmada ayer dijeron que la reforma de 1994 produjo un “hito mayúsculo” al dar jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos y comprometer a la Argentina a su cumplimiento.
La Corte advirtió que se “torna aconsejable que los casos en los cuales sea puesta en juego de manera directa, inmediata y trascendente la interpretación y aplicación del derecho de los derechos humanos, tramiten por una secretaría judicial especializada en la materia”. La creación de un área específica pretende garantizar el cumplimiento de todas las normas vigentes sobre derechos humanos y evitar que el país incurra en responsabilidad internacional.
Según el texto de los ministros, generar estas condiciones es su deber por ser el alto tribunal el “supremo custodio” de los derechos, libertades y garantías. Recordaron que la reforma constitucional “introdujo nuevos derechos y dio nuevo contenido a los ya existentes, puso en cabeza del Estado las obligaciones relativas al respeto, protección y realización de los derechos humanos y emplazó a nuestro país en sistemas internacionales de control del cumplimiento de los compromisos”.
La nueva secretaría estará a cargo de Rolando Gialdino, un funcionario histórico de confianza de Petracchi. Tendrá la función de armar un panorama claro de las causas sobre derechos humanos que llegan a la Corte y, como las otras secretarías, elaborar proyectos de resolución que puedan ser tomados como base por los jueces para elaborar sus votos.
La acordada fue firmada por todos los jueces menos Carlos Fayt. Entre sus colaboradores, Fayt dijo entender que “para defender los derechos humanos no hace falta una secretaría, sino que cada ministro de la Corte debe asumir esa tarea”.
Uno de los temas más trascendentes que tendrá que analizar Gialdino es el de los indultos. Con el antecedente del fallo sobre las leyes de impunidad, todo hace pensar que la Corte también declarará inconstitucionales los decretos con que el menemismo perdonó a represores.