Juan José Galeano fue destituido cinco veces seguidas. Primero, el Tribunal Oral concluyó, después de tres años de prodigiosas sesiones, que el juez armó una pista falsa al servicio del poder político. Luego, el observador de la OEA, Claudio Grossman, sostuvo que el juicio fue limpio y no objetó sus conclusiones. En tercer lugar, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura votó seis a cero llevar adelante el juicio político para remover a Galeano de su cargo. Esa comisión la integran hombres y mujeres de distintos partidos políticos y estamentos profesionales. La cuarta destitución provino del plenario del Consejo de la Magistratura, que aprobó el dictamen de Acusación por 16 a uno. Otra vez, el color político de los integrantes de ese plenario fue variopinto. Finalmente, ayer se produjo la quinta y definitiva destitución: el jury de enjuiciamiento, integrado por legisladores de distintos partidos, abogados y jueces resolvió sacarlo del cargo en forma unánime en dos de las acusaciones y por el voto de los dos tercios en una más.
Nadie que le eche una mirada honesta a esta enumeración puede imaginar que hubo una maniobra destinada a perjudicar a alguien en forma arbitraria, porque hubiera sido imposible cosechar semejante unanimidad. Lo cierto es que los familiares de las víctimas denunciaron ya en 1997 lo que estaba ocurriendo y el proceso iniciado entonces, que tuvo como protagonista excluyente a los familiares agrupados en Memoria Activa, terminó recién ahora, ocho años más tarde. El carácter disímil de los actores que votaron en cada instancia suprime las dudas: la gestión de Galeano fue tan irregular que llevó a una destitución merecida.
Como ya se dijo en Página/12, sólo los especialistas saben en Nueva York, Madrid y Londres quién es el juez a cargo de las causas judiciales por los atentados del 11 de septiembre, Atocha y el reciente 7 de julio londinense. La función de investigar está en manos de los poderes ejecutivos, fundamentalmente a través de las fuerzas de seguridad. Esto lleva a la evidencia de que la destitución de Galeano no puede ser el final de un camino, sino casi el principio del castigo a los que boicotearon la investigación. El juez deberá afrontar ahora una larga lista de acusaciones: privación ilegal de la libertad, instigación al falso testimonio, coacción a testigos, falsificación de documento público, omisión a la persecución de delito, incumplimiento de los deberes de funcionario público, prevaricato –emitir resoluciones contrarias a derecho–, peculado y, tal vez, la de ser el organizador de una asociación ilícita sugerida ayer por el jury. Si se impone la doctrina de que los imputados deben seguir en libertad hasta el juicio, Galeano seguirá caminando por la calle. Si, en cambio, se impone el criterio de que deben esperar en la cárcel los acusados de delitos graves que lleven a suponer penas de cumplimiento efectivo, Galeano va camino a estar entre rejas. En todo caso, la cárcel aparece en el horizonte del juez, tarde o temprano.
¿Galeano seguía las órdenes del Poder Ejecutivo menemista? ¿O el Ejecutivo menemista seguía los ritmos y pedidos de Galeano? ¿Quién fue el patrón de la impunidad? A simple vista, la respuesta parece evidente: como ha ocurrido con muchos jueces federales, éstos hicieron lo que la Casa Rosada les pedía. Si existía un guiño para frenar causas como las de armas, IBM-Banco Nación, el enriquecimiento de María Julia o aquellas coimas filmadas y pagadas al PAMI en tiempos de Matilde Menéndez, de alguna manera los expedientes caían en el letargo. En la misma causa AMIA hubo peritajes decisivos que tardaron dos años en hacerse y nunca se concretaron pruebas clave como la realización del ADN de todos los fallecidos, para saber si entre los restos estaban los de un suicida o no.
El que mandaba en la investigación era el Ejecutivo, Galeano era una pieza fundamental, pero subalterna de la Casa Rosada. ¿Quién puede creer que el juez le pidió 400.000 dólares a la SIDE y que el entonces jefe de los espías, sin consultarle nada al presidente Menem, se los entregó sólo porque existía la orden del magistrado? ¿Quién puede creer que, además, se entregó el dinero sin saber que luego eso no iba a constar en el expediente? ¿Quién puede creer que los 400.000 dólares se le dieron a Telleldín sin verificar al milímetro que su historia fuera cierta? Dicho de otra manera: es obvio que se le entregó la plata sabiendo que su versión era falsa, pero que servía para presentar culpables, aunque sean truchos.
La falta de voluntad política hace que hoy tengamos poco y nada sobre los verdaderos asesinos de la AMIA. El contubernio para tapar las cosas y plantar pistas falsas hasta dio por tierra con las cuestiones más elementales y más probadas, como las extorsiones, robos y el fabuloso enriquecimiento ilícito de los policías de la Bonaerense y de la Federal.
En 1997, tres años después del atentado, los familiares protestaron contra la no-investigación. Ello llevó al Ejecutivo a constituir la Unidad Antiterrorista con cien efectivos. Ese solo hecho es un reconocimiento de que durante tres años –se dice que el tiempo clave en cualquier pesquisa son tres días– no se investigó el atentado con miles de efectivos, agentes, especialistas, peritos, fiscales y –sobre todo– la presión política diaria que imponían 95 muertos. En el juicio oral declararon ministros menemistas revelando que el atentado nunca se trató en ninguna reunión de gabinete y que el presidente Menem no les hizo jamás una pregunta sobre los avances del caso. ¿No quiso saber nada porque sabía que el atentado fue producto de arreglos preelectorales o políticas de gobierno?
Todas estas preguntas tienen respuestas que uno intuye pero que deberían ser esclarecidas en la causa en la que se investiga la no-investigación del atentado. Está, en manos del juez Claudio Bonadío, casi paralizada desde hace cinco años. Ya es un escándalo. Tras un tortuoso camino, ayer se hizo justicia, pero si no se juzga a los hombres del Ejecutivo que manejaban al juez, si no se responde las preguntas que están pendientes, habrá impunidad y los culpables se saldrán con la suya.