Otros dos funcionarios judiciales podrían perder sus puestos por estar involucrados en la masacre de Margarita Belén y por impedir la investigación sobre el caso. Se trata de los fiscales Carlos Flores Leyes y Roberto Mazzoni, que están siendo sometidos a una pesquisa en la Procuración General de la Nación que terminaría en un jury de enjuiciamiento. Además, la Cámara Federal de Resistencia ordenó recientemente que Flores Leyes y Mazzoni sean investigados penalmente. Varios ex detenidos desaparecidos denunciaron que ellos asistieron a sesiones de torturas en los centros clandestinos de detención que funcionaban en El Chaco durante la última dictadura. En esa época, Flores Leyes era secretario del juzgado federal de Resistencia y Mazzoni, fiscal. El procurador Esteban Righi ya exoneró a la secretaria de la fiscalía general de Resistencia, Ana María Torres, por considerar que “colaboró directamente con la estrategia de la defensa” de los represores y por no excusarse de la causa a pesar de que estaba involucrado Mazzoni, quien fue su superior durante once años.